La Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB) ha emitido un posicionamiento público crucial ante las modificaciones propuestas por la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB) de la administración federal. El comentario, presentado el 8 de julio, desvela una postura matizada por parte del episcopado estadounidense, que respalda algunas de las restricciones planteadas en las subvenciones federales, particularmente aquellas relacionadas con la ideología de género y el financiamiento del aborto, mientras que se opone firmemente a otras que podrían obstaculizar la labor humanitaria de la Iglesia con los migrantes indocumentados. Estas regulaciones afectarán la operativa de diversas organizaciones que reciben asistencia federal, incluyendo entidades benéficas católicas, instituciones educativas y proveedores de atención médica.
El compromiso de la USCCB con la dignidad humana y los principios de la fe católica se manifiesta en su apoyo a varias de las disposiciones. En primer lugar, los obispos han expresado su completo respaldo a una cláusula que impide el uso de fondos federales para iniciativas que nieguen “la dicotomía sexual en los seres humanos” o que sugieran que “el sexo es una característica elegida o mutable”. La Conferencia argumenta que esta medida es una restricción prudente sobre el alcance de las actividades financiables con recursos públicos, y no una limitación a la libertad de expresión o de conducta fuera del marco de la subvención.
Asimismo, la USCCB se alinea con la disposición que prohíbe a las organizaciones repercutir fondos federales para cubrir costos “asociados con abortos electivos”, a menos que la ley federal lo autorice explícitamente. Sin embargo, los obispos han solicitado una redacción aún más contundente, abogando por que la norma se alinee plenamente con la Enmienda Hyde, que prohíbe el uso de fondos federales para abortos, con excepciones limitadas a casos de violación, incesto o cuando la vida de la madre está en peligro. La Conferencia también instó a la OMB a clarificar el significado de “asociados con”, advirtiendo que la frase actual podría no ser tan restrictiva como la disposición referente a la ideología de género.
En el ámbito de la libertad religiosa, los obispos saludan la propuesta de prohibir que las agencias federales discriminen o favorezcan a organizaciones religiosas en el proceso de solicitud de subvenciones. No obstante, han urgido a la OMB a fortalecer esta protección aplicando expresamente la Ley de Restauración de la Libertad Religiosa (RFRA). Los obispos subrayan que, incluso cuando la ley equipara a las entidades religiosas y seculares, la RFRA impide al gobierno federal imponer cargas sustanciales al ejercicio religioso, a menos que exista un interés gubernamental imperioso y que la medida sea la menos restrictiva. Además, han solicitado revisar la terminología para asegurar que las organizaciones religiosas no sean erróneamente acusadas de parcialidad contra otras creencias.
No obstante, la USCCB ha manifestado una fuerte oposición a ciertas provisiones, particularmente a aquella que prohíbe el uso de fondos para fomentar o facilitar la “inmigración ilegal”. Los obispos han señalado que esta disposición genera una profunda preocupación en las organizaciones caritativas católicas, ya que su misión fundamental es atender las necesidades básicas de todos los seres humanos, independientemente de su estatus migratorio. Temen que sus ministerios habituales, como la provisión de alimentos, alojamiento o transporte humanitario, puedan ser malinterpretados o criminalizados bajo esta redacción, siendo caracterizados como facilitación de la inmigración ilegal o como una amenaza a la seguridad pública. La Conferencia destaca que incluso acciones pastorales como asegurar la plena inclusión de migrantes indocumentados en la vida sacramental de la Iglesia o proveer educación a niños sin estatus legal podrían ser malinterpretadas como un “fomento” de su presencia no autorizada en el país.
Otra objeción de los obispos se centra en la prohibición de financiar iniciativas que promuevan “valores antiamericanos”, debido a la falta de claridad en la definición de dicho término. La ambigüedad de esta expresión podría abrir la puerta a interpretaciones subjetivas que pongan en riesgo la libertad de expresión y de acción de las organizaciones religiosas y sin fines de lucro.
Finalmente, la USCCB ha expresado su desacuerdo con la verificación electrónica obligatoria (E-verify), argumentando que esta medida podría desalentar la contratación legal de personal, imponer una carga excesiva a las organizaciones sin fines de lucro y religiosas, generar confusión respecto a contratistas y empleados con costos indirectos, y fomentar prácticas de selección discriminatoria.
La Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, que ya en junio de 2026 había consagrado la nación al Sagrado Corazón de Jesús, reafirma con este comentario público su compromiso inquebrantable con los principios de la fe y la justicia social, buscando proteger la capacidad de la Iglesia para servir a los más vulnerables en la sociedad estadounidense, a la vez que defiende la libertad religiosa de sus instituciones.
