La tensión que rodea al Monasterio de Santa Clara de Belorado, en Burgos, ha escalado hasta los tribunales de justicia, donde ocho ex-monjas clarisas, previamente excomulgadas por la Iglesia Católica, han comparecido ante un juez. La comparecencia, que tuvo lugar en un juzgado de Bilbao, forma parte de una investigación por la supuesta comisión de graves delitos, incluyendo maltrato, coacciones y abandono, dirigidos contra cinco hermanas mayores de la comunidad, quienes permanecieron fieles a la Iglesia.
Este capítulo judicial añade una nueva dimensión a un prolongado conflicto que ha capturado la atención mediática en España. Las acusaciones que enfrentan las ex-clarisas son de gran seriedad: coacciones, trato degradante, abandono y omisión del deber de socorro, falsedad documental y administración desleal. Estos cargos emergen de un proceso judicial que busca esclarecer la situación de las hermanas de avanzada edad, algunas con más de un siglo de vida, que no secundaron el manifiesto sedevacantista que inició la ruptura eclesiástica en mayo de 2024.
**El Origen de la Ruptura y las Consecuencias Canónicas**
El origen de este complejo litigio se remonta a la primavera de 2024, cuando la comunidad de Belorado, liderada por su entonces abadesa, Laura García de Viedma, hizo público un manifiesto de corte sedevacantista. En este documento, las monjas declaraban su renuncia a la obediencia al Papa Francisco y a la jerarquía católica, proclamando la invalidez del pontificado actual y de los anteriores desde el Concilio Vaticano II. Esta declaración no solo las apartó de la comunión con Roma, sino que también las colocó en una posición de desobediencia canónica que culminó en su excomunión.
Mientras la mayoría de la comunidad abrazó esta nueva doctrina cismática, un pequeño grupo de cinco religiosas de edad avanzada se mantuvo al margen de la decisión, reafirmando su lealtad a la Iglesia Católica. Estas hermanas, cuya edad oscilaba entre los 87 y los 101 años, se convirtieron en el foco de la actual investigación judicial. Su permanencia en la comunidad, reconocida por las autoridades eclesiásticas, contrasta con la posición de las ex-clarisas, creando una división profunda que eventualmente llevaría a la intervención judicial.
**El Traslado y el Desenlace Trágico**
Según la investigación, las cinco religiosas mayores fueron trasladadas por las ex-clarisas desde el monasterio de Belorado al de Orduña, donde permanecieron hasta el 18 de diciembre del año pasado. Este traslado, cuyas circunstancias son objeto de escrutinio, se produjo en medio de la creciente tensión y el conflicto de autoridad dentro de la comunidad. La situación de estas hermanas, vulnerables por su edad y estado de salud, despertó la preocupación de las autoridades eclesiásticas y, posteriormente, de las judiciales.
Fue una orden judicial la que precipitó la intervención de la Guardia Civil el 18 de diciembre, trasladando a las ancianas monjas desde Orduña a un hospital. Este paso fue crucial para asegurar su bienestar y evaluar su estado de salud. Tras recibir atención médica, cuatro de ellas encontraron acogida en diferentes comunidades dentro de la Federación de Clarisas Nuestra Señora de Aránzazu, recuperando así la protección y el cuidado de la Iglesia reconocida. Sin embargo, la quinta hermana, Sor Getsemaní, falleció a principios de enero, un triste epílogo a una situación ya de por sí angustiosa.
**La Defensa de las Acusadas**
En su llegada a los juzgados de Bilbao, la ex-abadesa Laura García de Viedma, flanqueada por otras dos ex-clarisas, hizo declaraciones que fueron distribuidas por su portavoz, Francisco Canals. En ellas, la ex-abadesa expresó su convicción de inocencia, asegurando que acudían a la cita judicial “con el ánimo de hacer ver que nosotras no tenemos ningún delito”. García de Viedma enfatizó que el cuidado de las hermanas mayores siempre fue “con todo el amor, con toda la delicadeza, con toda la generosidad que nos ha sido posible”, desmintiendo categóricamente cualquier acusación de maltrato o negligencia.
Mientras la ex-abadesa y dos de sus compañeras optaron por la declaración presencial, el resto de las integrantes del grupo excomulgado solicitaron comparecer de forma telemática, una modalidad que la justicia ha facilitado en el proceso. Esta diferencia en la forma de declaración subraya la complejidad logística y la variedad de situaciones personales dentro del grupo de ex-clarisas.
**Un Futuro Marcado por los Tribunales**
La comparecencia por el presunto maltrato a las hermanas mayores no es el único frente judicial que deben afrontar las ex-monjas de Belorado. La comunidad se encuentra inmersa en una serie de batallas legales que podrían determinar su futuro y el destino del patrimonio monástico. Una de las más apremiantes es el proceso de desahucio del histórico Monasterio de Belorado, cuya fecha límite está fijada para el 12 de marzo. Este desalojo implicaría la pérdida del inmueble que ha sido su hogar durante siglos y el epicentro de su actual conflicto.
Adicionalmente, las ex-clarisas enfrentan acusaciones de haber realizado ventas ilegítimas de parte del valioso patrimonio perteneciente a los monasterios que ocupan. Estas alegaciones sobre la administración desleal y la disposición de bienes sin la debida autorización eclesiástica o civil añaden otra capa de complejidad al ya intrincado escenario legal. La resolución de estos casos tendrá implicaciones significativas no solo para las ex-monjas, sino también para la Iglesia Católica, las autoridades civiles y la preservación del patrimonio religioso español.
El caso de Belorado se ha convertido así en un espejo de los desafíos que surgen cuando la fe, la ley y el cuidado humano se entrelazan en situaciones de ruptura. La justicia busca ahora esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades en un conflicto que ha trascendido los muros del convento para instalarse en el corazón de la opinión pública.
