En un momento de crecientes tensiones y endurecimiento de las políticas de control migratorio en Estados Unidos, dos prominentes obispos católicos han elevado sus voces para reafirmar la dignidad inalienable de los inmigrantes y hacer un llamado urgente a una reforma legislativa profunda. El arzobispo Gustavo García-Siller, de San Antonio (Texas), y el obispo Robert Gruss, de la Diócesis de Saginaw (Michigan), publicaron sendas declaraciones en agosto de 2026, subrayando la necesidad de un enfoque humano y moral frente a la compleja realidad migratoria que vive el país.
Ambos prelados reconocieron la prerrogativa de la nación para hacer cumplir sus leyes, pero insistieron en que el marco actual es “injusto e inmoral” y demanda una corrección inmediata. Asimismo, instaron a los ciudadanos a comprender las profundas razones que impulsan a millones de personas a abandonar sus países de origen en busca de una vida mejor, a menudo huyendo de circunstancias desesperadas. Estas intervenciones se alinean con la constante defensa de la dignidad humana y los derechos de los migrantes que ha manifestado el Pontífice, Papa León XIV, en diversas ocasiones, resonando con el magisterio social de la Iglesia.
El 3 de agosto de 2026, conmemorando el centenario de la elevación de San Antonio a arquidiócesis metropolitana, el arzobispo García-Siller presentó su carta pastoral titulada “Iremos a ustedes: Unidos en solidaridad con nuestros hermanos y hermanas migrantes”. Este documento, fruto de una profunda oración y discernimiento, invita a “un discernimiento moral cuidadoso y bien formado de toda conciencia católica” ante la compleja coyuntura migratoria. La carta de 56 páginas, estructurada en cinco secciones y culminada con una oración a Nuestra Señora de Guadalupe, busca consolar a los afligidos, interpelar a los cómodos y confrontar la injusticia con la plena convicción del Evangelio.
En el texto, el arzobispo García-Siller describe un “mundo en guerra” donde la violencia, el hambre, el miedo y la opresión obligan a las personas a migrar, no por elección, sino por supervivencia. Relata su experiencia personal de acompañar a migrantes durante años, muchos de los cuales viven con tal temor que apenas se atreven a salir de sus hogares. Ha sido testigo de cómo el miedo se ha arraigado en toda la arquidiócesis, afectando a familias que evitan visitas médicas o el trabajo por el riesgo inminente de detención. “La comunidad carga con esta cruz y la Iglesia no puede guardar silencio”, enfatiza, señalando una disminución en la asistencia a Misa y un deterioro de la salud física entre quienes sufren este temor constante. La fe del pueblo permanece, afirma, pero la sensación de seguridad y pertenencia se ha erosionado profundamente.
Dos días antes, el 1 de agosto, el obispo Gruss de Saginaw emitió una declaración en la que recordaba a los fieles la “dignidad humana inherente” de cada individuo. El obispo destacó el desafío que enfrenta Estados Unidos, una nación con una historia de acogida a inmigrantes y refugiados. Gruss señaló la marcada diferencia entre una administración que permitió a personas y familias migrar con relativa libertad y la siguiente que busca expulsarlas. Si bien comprende la expulsión de aquellos que han causado daño a la sociedad a través de actividades delictivas, el obispo Gruss cuestionó la moralidad de deportar a quienes han contribuido positivamente al país, a menudo durante muchos años, sin la debida representación legal, acceso familiar o atención a sus necesidades básicas. Exhortó a los fieles a promover cambios en las políticas públicas que garanticen los derechos civiles de todos los inmigrantes y a impulsar políticas humanitarias de control fronterizo que, al tiempo que salvaguarden la seguridad nacional, protejan la dignidad de quienes buscan una nueva vida.
El arzobispo García-Siller también relató sus visitas a tres centros de detención en su jurisdicción, incluyendo el Centro Residencial Familiar del Sur de Texas en Dilley, el mayor centro de detención familiar del país. En estos lugares, afirmó haber presenciado “violaciones de la dignidad humana” de primera mano, un hecho corroborado por el obispo Steven Biegler de la Diócesis de Cheyenne (Wyoming), quien en abril de 2026 calificó la “actual campaña de detenciones y deportaciones masivas como inmoral”.
La carta de García-Siller también expone cómo empresas privadas están lucrando con el procesamiento y traslado de un gran número de inmigrantes detenidos, y citó una investigación del senador estadounidense John Ossoff, quien documentó más de 1.000 “denuncias creíbles de abusos contra los derechos humanos desde enero de 2025”. Estos incluyen negligencia médica, privación de alimentos y agua, hacinamiento, privación del sueño y separación de madres lactantes de sus bebés, prácticas que persisten en centros administrados por entidades privadas.
El arzobispo refutó la narrativa pública que sugiere que solo se expulsa a delincuentes, señalando que “el 73 % de las personas detenidas por motivos migratorios no tiene condenas penales y solo el 5 % ha sido condenado por un delito violento”. Ante esta realidad, la arquidiócesis de San Antonio ha desarrollado “ministerios activos de acompañamiento”, donde sacerdotes, diáconos, ministros extraordinarios y catequistas visitan a los migrantes en sus hogares y centros de detención, proveyéndoles sacramentos, medicinas y otros suministros esenciales. “Si algún integrante de su familia ha sido detenido, dígannoslo. Iremos hasta donde esté. El Cuerpo de Cristo no abandona a sus miembros encadenados”, declaró Monseñor García-Siller.
Finalmente, el arzobispo lamentó que las vías legales existentes para buscar seguridad y estabilidad demoren años, un tiempo que muchas familias simplemente no pueden permitirse esperar. Abogó por la creación de vías legales más accesibles, asegurando que los migrantes las utilizarían si estuvieran disponibles, pues su “contribución al bien común de nuestra nación” así lo exige. El documento concluye encomendando la situación a Nuestra Señora de Guadalupe, quien, como madre migrante, también cruzó fronteras culturales y raciales, y experimentó el exilio con la Sagrada Familia, conociendo de primera mano el arduo camino que muchos transitan hoy. La Iglesia, siguiendo el ejemplo y las enseñanzas del Papa León XIV, permanece firme en su compromiso de defender la dignidad y los derechos de cada persona, especialmente los más vulnerables.
