Crédito: hyotographics/Shutterstock
Una respuesta diplomática de máxima urgencia
Ante la escalada autoritaria en Centroamérica, el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos determinó activar sus mecanismos diplomáticos más severos. La decisión responde a las recientes declaraciones del mandatario Daniel Ortega, quien adelantó su intención de clausurar los procesos electorales en el país, sumado a las constantes agresiones y presiones ejercidas contra la Iglesia Católica y la sociedad civil.
Durante la sesión extraordinaria llevada a cabo el 19 de agosto, los representantes diplomáticos aprobaron formalmente el texto titulado “Convocatoria de una Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores para considerar la situación en Nicaragua”. El respaldo superó ampliamente el mínimo requerido, registrando 29 votos a favor y una votación de 29 votos a favor y uno en contra dentro del bloque continental.
Posturas divididas y plazos fatídicos
La iniciativa de convocar a los jefes de la diplomacia regional fue impulsada de manera conjunta por los gobiernos de Argentina, Panamá, Paraguay, Uruguay y Estados Unidos. La delegación estadounidense solicitó que este cónclave extraordinario se efectúe antes del 1 de septiembre, fecha límite fijada por el Ejecutivo nicaragüense para consolidar modificaciones constitucionales drásticas que impedirán la participación de la oposición y eliminarán las votaciones populares.
Pese al amplio consenso regional, surgieron disidencias notables en el hemiciclo. La representación de Brasil optó por rechazar la medida, mientras que el gobierno de México prefirió la abstención. En tanto, las delegaciones de Haití y Venezuela no registraron asistencia al momento de emitir el sufragio.
Antecedentes de tensión y éxodo institucional
Esta medida excepcional refleja la profunda alarma que genera la ruptura del orden democrático en territorio nicaragüense, interpretada por el organismo internacional como una amenaza directa contra las garantías fundamentales en todo el hemisferio. Cabe recordar que el Consejo Permanente ya había aprobado por unanimidad el 12 de octubre de 2023 la resolución denominada “Rechazo a las medidas represivas del Gobierno de Nicaragua contra instituciones educativas y la Iglesia Católica en Nicaragua”, según consta en los registros oficiales aprobados por el bloque. Como respuesta a estas tensiones y a los cuestionamientos internacionales, el régimen nicaragüense formalizó su salida definitiva de la OEA en noviembre de 2023.
Alarma por violaciones sistemáticas de derechos humanos
En el marco de las deliberaciones previas realizadas el 5 de agosto, la relatora para Nicaragua de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Rosa María Payá, expuso ante el pleno un panorama desolador marcado por detenciones arbitrarias recurrentes y casos documentados de desapariciones forzadas en perjuicio de la ciudadanía.
La funcionaria internacional, de convicciones católicas y raíces cubanas, advirtió a EWTN News sobre la gravedad de la coyuntura actual:
“Estamos muy preocupados por la situación de persecución contra la Iglesia Católica en Nicaragua y por la persecución de la fe en general, así como de su práctica y ejercicio”.
Asimismo, profundizó en el impacto emocional y social que provocan estas políticas restrictivas sobre los creyentes:
“Yo misma soy católica y también procedo de una sociedad que ha sufrido la violación de los derechos humanos”.
“Por eso comprendo profundamente lo que significa tener miedo de expresar lo que uno piensa, lo que significa tener miedo de practicar y manifestar la propia fe, que es un ejercicio humano muy fundamental”.
La comisionada es hija del recordado disidente Oswaldo Payá Sardiñas, fundador del Movimiento Cristiano Liberación en 1988, una agrupación cívica de orientación pacífica e inspirada en los principios de la doctrina social de la Iglesia que falleció en 2012.
Este reporte se elaboró a partir de una cobertura original publicada en EWTN News y adaptada para su difusión en español.
