Elena Lorenzo, coach especializada en identidad personal, denunciada varias veces por el lobby LGTB. | Crédito: Cedida por Elena Lorenzo.La trayectoria profesional de Elena Lorenzo, especialista en identidad personal, cumple una década marcada por la confrontación judicial y administrativa impulsada por colectivos del sector. Tras superar diversos expedientes que concluyeron en archivos o nulidades, la profesional afronta actualmente un procedimiento en el ámbito penal a la espera de resolución judicial.
Tras una amplia trayectoria vinculada a la docencia y el desarrollo personal en distintos territorios, comenzó en 2013 a orientar su labor profesional hacia personas que manifestaban dudas sobre su identidad o que, experimentando atracción hacia individuos de su mismo sexo, optaban por consolidar su vivencia heterosexual.
Durante este periodo, la especialista subraya que jamás ha recibido reclamaciones por parte de las personas que han solicitado sus servicios.
"Acompaño a personas en procesos de desarrollo personal, sin distinción por orientación sexual. Mi labor se desarrolla desde la libertad bajo la más absoluta confidencialidad", expone a ACI Prensa.
"Quienes acuden a mí lo hacen, faltaría más, voluntariamente, buscando un espacio para explorar cuestiones relacionadas con su identidad y afectividad. Nunca realizo diagnósticos clínicos, dado que no soy psicóloga ni psiquiatra", añade.
Un historial de expedientes y recursos
El conflicto legal se originó en agosto de 2016, cuando la entidad Arcópoli formalizó la primera denuncia basándose en la normativa autonómica madrileña contra la LGTBIfobia, tras una grabación realizada de forma encubierta por un colaborador que fingió ser usuario. Dicho proceso concluyó con su archivo definitivo pese al eco mediático.
Años más tarde, en 2019, la misma organización promovió un segundo expediente que derivó en una sanción económica de 20.001 euros. Para hacer frente al pago, la afectada recurrió a la solidaridad de su entorno.
"Muchos clientes, agradecidos por la atención prestada durante años, me ayudaron", detalla la coach. Tres años después, la penalización económica fue anulada y el importe devuelto íntegramente.
Posteriormente, en febrero de 2020, se cuestionó la difusión del taller virtual titulado "Camino a la heterosexualidad" bajo el argumento de una presunta promoción de prácticas de conversión. Esta causa también quedó sobreseída en mayo de 2023.
Un cuarto procedimiento abierto en julio de 2022 por la Asociación Española contra las Terapias de Conversión (AECTC) derivó en otra multa por idéntico importe, la cual quedó sin efecto al detectarse defectos formales que causaron indefensión a la expedientada.
El actual horizonte judicial en el ámbito penal
La confrontación escaló cuando la mencionada asociación interpuso una querella por cuatro presuntos delitos, incluyendo incitación al odio y asociación ilícita. Aunque el Ministerio Fiscal desestimó la mayoría de los cargos, apreció indicios punibles vinculados a publicaciones alojadas en la web sobre el denominado Trastorno Obsesivo Compulsivo Homosexual (TOC Homosexual), un contenido que actualmente permanece bloqueado por orden cautelar de los tribunales.
El citado trastorno se describe clínicamente como un cuadro de ansiedad en personas heterosexuales motivado por el temor obsesivo a sentir atracción hacia personas de su propio género.
"La pena que solicita la acusación es de varios años de cárcel, una sanción económica y mi inhabilitación profesional", detalla Elena Lorenzo, que denuncia que "durante los últimos diez años he experimentado una campaña de descrédito".
Mientras aguarda la fecha para la vista oral, la asesora ha abierto de nuevo vías de recaudación de fondos para costear su defensa legal y salvaguardar los derechos fundamentales de expresión e información.
