Detenidos permanecen junto a una ventana dentro del centro federal de inmigración en Delaney Hall, donde el ICE alberga a inmigrantes detenidos, el 26 de mayo de 2026, en Newark, Nueva Jersey. Crédito: Adam Gray/Getty Images
La jerarquía católica estadounidense ha intervenido formalmente en el debate sobre la política migratoria del país. La Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB) interpuso una solicitud ante el máximo tribunal de la nación para exigir mayores salvaguardas legales a favor de los extranjeros que enfrentan procesos de expulsión, posicionándose abiertamente en contra de las medidas de privación de libertad prolongadas y sin supervisión de un juez.
Mediante un recurso legal presentado conjuntamente con la Red Católica de Inmigración Legal (CLINIC), los prelados argumentaron que consolidar las garantías procesales resulta indispensable para salvaguardar la dignidad inherente a todo ser humano y preservar el bienestar general de la sociedad, principios fundamentales dentro de la doctrina eclesiástica.
Esta intervención episcopal se desarrolla en el contexto del litigio judicial caratulado como Genalo v. Keisy G.M.. En dicho proceso, un ciudadano extranjero con estatus de residencia legal permanente en territorio estadounidense, originario de la República Dominicana, denunció que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) vulneró las prerrogativas constitucionales que le otorga la Quinta Enmienda.
Un encierro prolongado sin acceso a fianza
El afectado, cuya identidad completa se mantiene bajo reserva, permaneció privado de su libertad durante un periodo de 21 meses. Pese a haber comparecido ante una autoridad judicial, las normativas aplicadas le negaron la oportunidad de solicitar una fianza que le permitiera afrontar su situación migratoria en libertad condicional.
A pesar de contar legalmente con la residencia permanente, el individuo afrontó un expediente de deportación motivado por una condena previa por agresión grave. No obstante, la amenaza de expulsión quedó sin efecto luego de que las autoridades del estado de Nueva York le concedieran un indulto formal.
Defensa de la persona humana y el orden constitucional
Dentro del documento presentado ante la instancia judicial suprema, los representantes de la Iglesia católica subrayaron que el respeto al debido proceso guarda plena armonía tanto con el marco legal norteamericano como con la doctrina social del catolicismo.
“La detención ejecutiva nunca ha estado completamente aislada del control judicial”, manifestaron los obispos, puntualizando que este criterio “concuerda con la doctrina social católica, que reconoce tanto la legítima autoridad del Estado como la dignidad del individuo”.
Asimismo, la USCCB advirtió sobre las consecuencias negativas que genera el aislamiento prolongado sin una valoración particularizada por parte de un magistrado independiente. “El confinamiento indefinido sin una revisión individualizada por parte de un tribunal neutral es contrario a nuestro sistema constitucional y a la libertad ordenada que este protege”, aseveraron.
Los firmantes del escrito enfatizaron el impacto devastador que estas medidas producen en el tejido social. “Una detención prolongada puede costar a las personas sus empleos, hogares, salud y la capacidad de participar de manera significativa en sus propios procedimientos legales. Puede separar a los padres de sus hijos, desestabilizar familias enteras y causar daños que no pueden repararse con una eventual liberación”, alertaron.
Si bien admitieron que en determinadas circunstancias la privación de libertad puede justificarse para resguardar la seguridad pública, insistieron en que estas acciones deben someterse al escrutinio de un tribunal neutral en lugar de aplicarse de forma automática.
Inspiración en la doctrina social de la Iglesia
Para respaldar su postura jurídica, los obispos recurrieron a la encíclica Pacem in Terris, promulgada en 1963 por el Papa Juan XXIII, la cual establece que el bienestar colectivo se consolida cuando se respetan los derechos y obligaciones de cada ciudadano.
En la misma línea, recordaron las declaraciones emitidas por el arzobispo Paul Gallagher, secretario vaticano para las Relaciones con los Estados, durante la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde recordó la obligación ineludible de cumplir los principios de igualdad ante la ley, separación de poderes y prevención de actuaciones arbitrarias.
El proceso judicial en cuestión cuenta con las exposiciones de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) y diversas agrupaciones especializadas en la defensa de los derechos ciudadanos, marcando un hito en la discusión sobre los límites del poder ejecutivo en materia migratoria.
