Foto referencial. Crédito: Shutterstock
La Santa Sede ha emitido una resolución definitiva tras concluir un riguroso proceso canónico en el que se determinó que el sacerdote argentino Carlos Miguel Buela, creador del Instituto del Verbo Encarnado (IVE), incurrió en conductas delictivas graves contra múltiples víctimas.
De acuerdo con la información difundida oficialmente, la decisión se dio a conocer tras un encuentro estratégico llevado a cabo en Roma el 14 de septiembre. En la junta participaron los delegados pontificios de las secciones masculina y femenina, los superiores provinciales y diversos funcionarios del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica. No obstante, el dictamen trascendió públicamente semanas después, figurando también en los portales digitales oficiales de la propia congregación.
Certeza jurídica y condena eclesiástica
Los reportes emitidos por las instancias judiciales de la Iglesia católica señalan que tanto el tribunal de primera instancia como la instancia de apelación “alcanzaron la certeza moral sobre la responsabilidad del P. Carlos Miguel Buela, fundador de los dos Institutos, por la comisión de un delito contra el sexto mandamiento, perpetrado con violencia contra varias personas”, fundamentándose estrictamente en lo estipulado por el canon 1395 del Código de Derecho Canónico.
Desde la perspectiva de las autoridades eclesiásticas, este pronunciamiento oficial busca fundamentalmente “restablecer la verdad como un acto de justicia hacia aquellas personas que se han visto perjudicadas por el comportamiento” del clérigo argentino, poniendo fin a años de especulaciones y demandas de esclarecimiento por parte de los afectados.
Estrategia de purificación y reestructuración interna
Este fallo se inserta dentro de una intervención prolongada que ha afectado la autonomía de la congregación durante más de siete años. Tanto el Instituto del Verbo Encarnado como las Servidoras del Señor y de la Virgen de Matará se encuentran bajo la tutela directa de delegados designados por la Santa Sede, con el fin de sanear las estructuras de liderazgo y la vida comunitaria.
Las directrices actuales exigen un proceso profundo de revisión y purificación espiritual. Las autoridades del Vaticano han enfatizado la urgencia de separar los principios fundacionales y el carisma religioso de los errores y abusos personales cometidos por el sacerdote, cuya gestión previa estuvo marcada por denuncias persistentes de manipulación psicológica y fallas graves en la gobernanza.
Este escenario de supervisión profunda guarda notables similitudes con otros precedentes históricos dentro de la Iglesia católica, tales como la intervención aplicada a los Legionarios de Cristo tras comprobarse los delitos de su fundador, Marcial Maciel. Actualmente, la supervisión cuenta con el respaldo institucional de la prefecta del Dicasterio, sor Simona Brambilla, y de los delegados pontificios nombrados para guiar a ambas ramas de la familia religiosa.
Expansión global y antecedentes de la crisis
Fundada originalmente en territorio argentino en 1984, la Familia Religiosa del Verbo Encarnado experimentó un crecimiento acelerado que la llevó a consolidar presencia en 45 países, albergando a más de 3.000 miembros entre religiosos, sacerdotes, consagradas y laicos seculares.
Sin embargo, las alertas dentro del organigrama eclesiástico comenzaron a encenderse apenas una década después de su establecimiento inicial, motivadas por reportes sobre conductas irregulares y abusos de poder. A lo largo de los años, diversos comisarios apostólicos han intentado enderezar el rumbo de la institución en medio de tensiones y resistencias internas frente a las directrices de reforma.
Un hito clave en este dilatado proceso ocurrió en diciembre de 2016, cuando la diócesis de San Rafael comunicó formalmente que el Vaticano había hallado culpable a Buela de comportamientos impropios que afectaron a seminaristas y miembros consagrados. Posteriormente, en 2019, el nombramiento del cardenal Santos Abril y Castelló como comisario aportó nuevas restricciones operativas para frenar el crecimiento desregulado de la organización hasta la situación actual de reestructuración definitiva.
