Obispo de aguascalientes mantiene la serenidad tras recibir intimidaciones digitales y ofertas para atentar contra su vida


Mons. Juan Espinoza en una Misa el 19 de septiembre de 2026. Crédito: Diócesis de Aguascalientes/ Correo Diocesano
El máximo representante de la diócesis hidrocálida, monseñor Juan Espinoza Jiménez, ha roto el silencio luego de ser blanco de graves intimidaciones a través de plataformas digitales. El jerarca católico afirmó con firmeza que no cederá ante el miedo, aunque advirtió que detrás de estas agresiones virtuales podría gestarse una campaña sistemática orientada a intimidar a la jerarquía eclesiástica en el territorio nacional.
Mediante un mensaje audiovisual difundido el 8 de octubre, el prelado restó dramaticidad inmediata a las agresiones directas, catalogándolas inicialmente como parte de un “juego de las redes sociales”. Sin embargo, matizó su postura al recalcar que la gravedad del asunto trasciende su propia integridad física: “veo que sí hay un ataque directo a la Iglesia y empiezan por el obispo”, alertó.
Hostigamiento digital y una recompensa monetaria
La controversia escaló cuando cuentas vinculadas al creador de contenido digital identificado como José Lápiz publicaron en la plataforma X una oferta económica de 40.000 pesos mexicanos —equivalentes a unos 2.200 dólares— destinada a quien atentara contra la vida del religioso. Si bien dicha publicación fue borrada posteriormente, el historial de contenidos del mismo usuario continúa albergando descalificaciones contra el obispo de Aguascalientes y otros miembros del episcopado mexicano.
Frente a este escenario de hostigamiento explícito, el prelado mantuvo una postura de absoluta templanza, asegurando que se encuentra “tranquilo” y “sereno”. Durante sus declaraciones, describió la escalada de agresiones virtuales como un fenómeno que “se ha ido cada vez como una bola de nieve, haciendo más grande”.
La tensión entre prédica pastoral y polarización política
El obispo atribuyó parte de estas tensiones a la descontextualización de fragmentos extraídos de sus homilías dominicales. En dichos espacios litúrgicos, el prelado suele abordar las problemáticas sociales y de seguridad que padece la nación, lo cual habría generado incomodidad en sectores afines a la administración de la presidenta federal, Claudia Sheinbaum.
Ante los señalamientos que buscan encasillarlo como un actor de oposición partidista, el líder católico rechazó tajantemente tales etiquetas. Sostuvo que sus intervenciones públicas no pretenden descalificar a los gobernantes, sino constituir “una señalización, un análisis de lo que estamos viviendo”, enfatizando su rechazo a participar en dinámicas de confrontación ideológica: “no quiero entrar en ese juego de la polarización”.
Asimismo, delimitó los alcances de su labor ministerial, definiéndola estrictamente como una misión “pastoral, una tarea espiritual”, aunque recordó que esta vocación posee ineludibles repercusiones ciudadanas orientadas a recordar a los fieles sus derechos y responsabilidades cívicas.
Pese a su actitud imperturbable, el obispo reconoció la gravedad del hostigamiento cibernético al admitir que resulta “muy grave el amenazar a una persona y el ponerle precio”. Finalmente, expresó su agradecimiento por las innumerables muestras de solidaridad recibidas y convocó a la grey católica a mantener jornadas de oración para encauzar al país hacia derroteros de pacificación y justicia social.
Acciones legales y respuesta institucional
La reacción del Estado no se hizo esperar ante la magnitud de las intimidaciones. En entrevista concedida a la periodista Azucena Uresti, el fiscal general del estado, Manuel Alonso García, confirmó el 7 de octubre que la Unidad de Delitos Cibernéticos abrió una carpeta de investigación formal al calificar el suceso como “un tema grave”. El funcionario estatal sentenció que la institución procuradora de justicia “no podía pasar por alto” los hechos.
Para finalizar, el titular de la fiscalía local garantizó que las pesquisas avanzan de manera firme, reiterando el compromiso gubernamental de que no se va a “minimizar ninguna información que pueda representar un riesgo para una persona”, sin importar el sector al que pertenezca.








