El Arzobispo de Miami, Mons. Thomas Wenski, lidera una intensa campaña de cabildeo en Washington D.C., buscando una extensión inmediata de los permisos temporales para cientos de miles de migrantes haitianos en Estados Unidos. Sus esfuerzos se intensificaron tras la reciente expiración de los permisos de trabajo asociados al Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para esta comunidad, exponiéndolos a posibles deportaciones masivas impulsadas por la administración del presidente Donald Trump.
El 28 de julio de 2026, el prelado se reunió con legisladores estadounidenses, incluyendo al senador demócrata por Virginia, Tim Kaine, para poner de manifiesto la crítica situación humanitaria y económica. Estas gestiones se producen apenas un día después de que finalizara la prórroga automática de los permisos de trabajo para los beneficiarios haitianos del TPS, un programa que les permite vivir y trabajar legalmente en el país.
La urgencia de la situación se ve acentuada por un fallo de la Corte Suprema el mes pasado, que confirmó la autoridad del Gobierno para poner fin al TPS. Esta decisión ha dejado a aproximadamente 353.000 ciudadanos haitianos en una situación de vulnerabilidad legal, con sus autorizaciones laborales terminadas y la amenaza inminente de órdenes de deportación.
“Haití es una casa en llamas”, declaró Mons. Wenski a EWTN News Nightly antes de su encuentro con el senador Kaine. El arzobispo enfatizó que la terminación del TPS y la potencial expulsión de un número tan elevado de personas tendrían repercusiones devastadoras. Por un lado, los migrantes serían devueltos a un país sumido en profunda inestabilidad y crisis humanitaria. Por otro, las comunidades estadounidenses donde estos migrantes han echado raíces y contribuyen laboralmente sufrirían un impacto económico negativo significativo.
“Es un error pensar que podemos enviar de regreso a Haití a 350.000 personas sin consecuencias muy graves para ese país, y también para Estados Unidos”, afirmó Wenski. “Estas personas trabajan, no dependen de subsidios; si pierden sus permisos laborales y sus empleos, eso tendrá un impacto económico negativo en las comunidades donde viven”.
**Esfuerzos legislativos y la voz de la Iglesia Católica**
Ante el inminente riesgo, algunos congresistas han presentado propuestas de ley para obligar al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a extender el TPS. En abril, la Cámara de Representantes aprobó el proyecto H.R. 1689, que buscaría prolongar la protección para los haitianos por tres años más. Sin embargo, estas iniciativas aún no han logrado avanzar en el Senado.
La Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB) ha sido una firme defensora de los migrantes haitianos, exhortando tanto a la Casa Blanca como al Congreso a extender el programa. La población haitiana, mayoritariamente católica (aproximadamente dos tercios), tiene un vínculo especial con la Iglesia en Estados Unidos.
Chieko Noguchi, portavoz de la USCCB, destacó que el Obispo Brendan J. Cahill, presidente del Comité de Migración de la conferencia episcopal, ha alentado a sus colegas obispos a dialogar con sus representantes sobre el TPS haitiano y la necesidad de una reforma migratoria integral. “Como pastores comprometidos con la promoción del bien común, los obispos participan activamente en este diálogo y siguen agradecidos por la oportunidad de hacerlo”, explicó Noguchi, recordando un mensaje especial aprobado por la USCCB en noviembre de 2025. En aquella ocasión, los obispos, con 216 votos a favor y 5 en contra, rechazaron las “deportaciones masivas indiscriminadas” y las políticas que revocan el estatus legal de los migrantes, como la eliminación del TPS para diversos grupos.
Tras su reunión con Mons. Wenski, el senador Tim Kaine reiteró su apoyo a la extensión del TPS. Subrayó la importancia de “dialogar sobre la necesidad urgente de que el Congreso haga lo correcto y proteja a los beneficiarios del TPS que han vivido legalmente en Estados Unidos durante años”. Kaine elogió las “innumerables aportaciones” de estos migrantes en sectores clave como la salud y la construcción, y su arraigo en las comunidades a través de sus familias y negocios. “Muchos beneficiarios del TPS, como los haitianos, no deberían verse obligados a regresar a las condiciones extremadamente peligrosas que los llevaron a buscar refugio en Estados Unidos”, añadió.
**La postura de la administración y el debate sobre la temporalidad del TPS**
En contraste con las demandas de prórroga, el secretario del DHS, Markwayne Mullin, reiteró la postura del Gobierno. En una publicación en la red social X el 27 de julio, Mullin recordó que el Estatus de Protección Temporal “es exactamente eso: temporal”, e instó a quienes ya no cuentan con esa protección a abandonar el país voluntariamente. “Para quienes perdieron el TPS: es hora de irse. No tienen que volver a casa, pero no pueden quedarse aquí”, decía el mensaje oficial.
Consultado sobre si el DHS tiene planes de concentrar sus esfuerzos de deportación específicamente en los haitianos, un portavoz del departamento respondió que no comenta sobre “operaciones en curso o futuras”, aunque confirmó que las actividades de control migratorio se realizan diariamente. El portavoz argumentó que “durante demasiado tiempo se permitió que el TPS funcionara como un programa de amnistía de facto, a pesar de que el Congreso nunca pretendió que fuera permanente”.
Andrew Arthur, exjuez de inmigración e investigador del Center for Immigration Studies, ofreció una perspectiva sobre el origen y la finalidad del programa. Explicó a EWTN News que el TPS para Haití fue implementado en 2010 como respuesta al devastador terremoto. Si bien Arthur reconoció que Haití sigue enfrentando graves problemas de seguridad e inestabilidad política, sostuvo que las consecuencias directas del terremoto ya no justifican la continuidad del programa. Recordó que los haitianos pueden solicitar la residencia permanente a través de otros mecanismos, como el asilo, si cumplen con los requisitos, ya que el TPS no fue concebido como un programa de reasentamiento permanente.
Arthur sugirió que los haitianos acogidos al TPS “tuvieron la oportunidad de trabajar en Estados Unidos, ganar dinero y adquirir habilidades” que ahora podrían emplear para contribuir a la reconstrucción de su país. Considera que las acciones de control migratorio hacia los haitianos se enmarcarán en una estrategia general de aplicación de la ley, priorizando a quienes hayan cometido delitos, en lugar de una campaña específica contra ellos. “La respuesta ahora debe consistir en ayuda internacional por parte de Estados Unidos y en el apoyo de la Iglesia Católica para hacer de Haití un lugar mejor”, concluyó.
El debate sobre el futuro de los migrantes haitianos se inserta en un contexto más amplio, ya que otras designaciones de TPS también han expirado o están por hacerlo. La protección para los migrantes sirios finalizó el mismo 27 de julio, mientras que la de los salvadoreños vencerá el próximo 9 de septiembre, manteniendo la incertidumbre para miles de familias en Estados Unidos.
