El Cardenal Francisco Robles Ortega, Arzobispo de Guadalajara, ha emitido una contundente advertencia sobre la profunda infiltración del crimen organizado en las esferas de gobierno de México, específicamente a nivel municipal y estatal. Sus declaraciones resuenan con especial fuerza en un contexto donde las acusaciones de autoridades estadounidenses contra funcionarios mexicanos, incluyendo un gobernador en funciones, ponen de manifiesto la complejidad de los desafíos que enfrenta la nación. Las palabras del prelado subrayan una realidad que, según él, el pueblo mexicano experimenta de manera cotidiana.
Durante una rueda de prensa celebrada el pasado domingo 3 de mayo, el líder eclesiástico jalisciense no dudó en señalar que la injerencia de las bandas criminales en la toma de decisiones gubernamentales “no es una novedad, es una experiencia que tiene el pueblo”. Robles Ortega explicó que esta situación se manifiesta de diversas maneras; una de las más flagrantes es el denominado “derecho de piso”, una práctica extorsiva donde los grupos delictivos coaccionan a pequeños comerciantes y trabajadores para que paguen una cuota a cambio de supuesta “protección” o simplemente para poder operar sin represalias. El cardenal enfatizó que la población vive bajo la amenaza constante de la delincuencia organizada, que impone su voluntad mediante la intimidación.
Estas declaraciones cobran particular relevancia al hilo de una reciente polémica generada por acusaciones de un fiscal federal de Estados Unidos. Difundida el 29 de abril por el Departamento de Estado estadounidense, la imputación señala al gobernador del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, miembro del partido gobernante Morena, junto a otros nueve funcionarios mexicanos, tanto activos como retirados. Los cargos son graves: “conspiración para la importación de narcóticos”, “posesión de ametralladoras y artefactos explosivos”, y “conspiración para poseer ametralladoras y artefactos explosivos”. Las autoridades estadounidenses solicitan cadena perpetua para Rocha Moya, quien actualmente se encuentra en situación de licencia de su cargo público, lo que añade una capa de tensión a las relaciones bilaterales y a la estabilidad política interna de México.
El Cardenal Robles Ortega, si bien reconoció que los señalamientos del gobierno de Estados Unidos probablemente se basan en investigaciones y conocimiento de causa, fue enfático al destacar la persistente denuncia de la Iglesia católica mexicana sobre la situación interna del país. “Por lo que toca a nuestro país, ya mucho tiempo lo hemos estado diciendo, lo hemos estado lamentando, que experimentamos a nivel de muchos municipios, a nivel de varios estados, que el gobierno, las decisiones están en manos del crimen organizado”, reiteró. Esta aseveración pone de manifiesto una desconexión entre las denuncias formales y la percepción generalizada de la ciudadanía sobre la ineficacia o complicidad de las estructuras de poder frente a los grupos criminales. El Arzobispo de Guadalajara cuestionó el grado de corresponsabilidad de las autoridades y la impunidad que rodea estos hechos, afirmando: “En ese sentido podemos hablar de que gobierna en algunas instancias, en algunos lugares, el narco”.
La influencia del crimen organizado trasciende la extorsión económica, afectando incluso los procesos democráticos. El cardenal jalisciense compartió experiencias donde candidatos a puestos de elección popular han recibido amenazas directas de grupos criminales para abandonar sus aspiraciones legítimas. Esta interferencia no solo desvirtúa la voluntad popular, sino que, según Robles Ortega, permite al crimen organizado “en muchas partes [poner e] imponer sus candidatos bajo amenaza”, evidenciando un “poder real que tiene el crimen organizado en la estructura de nuestra sociedad”. La capacidad de manipular elecciones y colocar a sus propios representantes en cargos públicos representa una amenaza directa a la soberanía y la gobernabilidad democrática de México.
La gravedad de la situación en Jalisco, estado de origen del Cardenal Robles Ortega y sede de su archidiócesis, ofrece un sombrío telón de fondo para sus declaraciones. Jalisco es ampliamente conocido como el bastión del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las organizaciones criminales más poderosas y violentas de México, catalogada incluso como grupo terrorista por el Departamento de Estado de Estados Unidos. La presencia dominante de este cártel ha convertido a la región en un epicentro de violencia y actividad criminal, afectando profundamente la vida de sus habitantes y la integridad de sus instituciones.
Las cifras confirman la desoladora realidad. El Índice de Paz México 2025, elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz (IEP), revela que “en las últimas dos décadas, Jalisco ha registrado tanto el mayor número de personas desaparecidas como el mayor número de cuerpos exhumados de fosas clandestinas”. El informe detalla que, entre finales de 2018 y finales de 2021, un tercio de los 3,335 cuerpos exhumados en todo el país provino únicamente de Jalisco, una cifra alarmantemente alta que supera con creces a cualquier otra entidad federativa. Este dato subraya la magnitud de la violencia y la capacidad de los grupos criminales para operar con una impunidad casi total en la región. Un ejemplo brutal que captó la atención internacional fue el descubrimiento a principios de 2025 del “Rancho Izaguirre”, a unos 60 kilómetros de Guadalajara, donde se hallaron restos humanos calcinados y cientos de objetos personales, sugiriendo que el lugar funcionó como un centro de entrenamiento y exterminio operado por criminales.
La problemática, sin embargo, no se limita a Jalisco. Un “Mapa del Crimen Organizado” elaborado por el diario mexicano El Universal en octubre de 2022, basado en información filtrada de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), reveló la alarmante extensión del dominio criminal en el país. El estudio aseguraba que “el 40% de los estados del país tienen todo su territorio dividido entre uno o varios grupos del crimen organizado”. Más aún, de los 2,471 municipios de México, en 1,198 se identifica la presencia de al menos un cártel, banda criminal o célula delictiva. Este panorama nacional pinta un desafío monumental para la seguridad y la gobernabilidad de México. Las palabras del Cardenal Francisco Robles Ortega no solo son un lamento, sino un llamado urgente a reconocer y confrontar la profunda crisis de seguridad y de estado de derecho que el arraigo del crimen organizado impone sobre la sociedad y las instituciones mexicanas. La lucha contra estas estructuras criminales es, en esencia, una batalla por la integridad y el futuro de la nación.
