El Papa León XIV en la Fiesta de las Familias del Vaticano este sábado 5 de septiembre. Crédito: Vatican Media.
La representación oficial de los trabajadores laicos dentro de la Ciudad del Vaticano ha elevado una solicitud formal al Papa León XIV para que implemente un mecanismo de compensación económica. La petición surge tras considerar que las medidas de austeridad implementadas a raíz de la emergencia sanitaria global han dejado una huella financiera profunda que las recientes disposiciones papales no logran resolver por completo.
El pronunciamiento fue emitido por la Asociación de Empleados Laicos del Vaticano (ADLV) en un comunicado difundido el lunes 14 de septiembre. Precisamente en esa misma fecha entró en vigor una normativa papal que revoca las restricciones económicas adoptadas previamente bajo el pontificado de Francisco en el año 2021. Pese a este levantamiento del congelamiento en la antigüedad laboral, el gremio insiste en que no existe una reparación retroactiva por los perjuicios sufridos durante el lustro anterior.
Reclamo de diálogo y participación laboral
Fundada en 1993, la organización gremial agrupa a unos 850 trabajadores de un universo total que ronda los 5.000 empleados en la Santa Sede y el Estado vaticano. Aprovechando las celebraciones recientes por el cumpleaños del Sumo Pontífice, la entidad aprovechó la ocasión para abogar por la apertura de un espacio de diálogo permanente entre el personal y las altas autoridades eclesiásticas.
Uno de los principales malestares expresados en el documento radica en la falta de consulta previa a la promulgación de normativas que impactan de forma directa el bienestar de los trabajadores. La asociación recordó que una situación similar ocurrió con el decreto anterior que derivó en una disminución del 8 % en las percepciones económicas del personal.
En el texto oficial, la agrupación lamentó que “los empleados vaticanos no fueron involucrados en el proceso de elaboración de disposiciones destinadas a incidir significativamente en sus condiciones, ni siquiera mediante actividades de consulta con sus representantes”.
Si bien la estructura administrativa actual carece de procedimientos formales obligatorios para la participación de los empleados en la toma de decisiones, la asociación reafirmó su disposición histórica para colaborar con la misión de la Iglesia y respaldar las labores del Pontífice.
Consecuencias financieras del congelamiento salarial
El núcleo de la controversia gira en torno a la paralización de los incrementos económicos asociados a los bienios de antigüedad, una estrategia restrictiva impulsada por la Secretaría para la Economía durante los momentos más críticos de la crisis sanitaria internacional.
De acuerdo con la organización, aquellas decisiones se tomaron en “tiempos extraordinariamente rápidos y sin una información previa a los empleados”, lo que desató una profunda incertidumbre laboral. La suspensión temporal de estos incentivos ha provocado repercusiones financieras que trascienden el salario mensual actual, afectando negativamente el cálculo de las futuras pensiones y las compensaciones por cese de actividades.
El impacto acumulado de estas medidas representa, según estimaciones internas, una pérdida equivalente a varios miles de euros por cada trabajador afectado. A esto se suma el hecho de que las tablas de remuneración base se han mantenido prácticamente estáticas desde el año 2008.
Por esta razón, el gremio subraya que los bienios de antigüedad representaban un salvavidas financiero indispensable dentro de la economía familiar de la plantilla. Tal como detalla la comunicación oficial, “sobre remuneraciones que permanecieron sustancialmente invariables desde 2008, el bienio de antigüedad representaba, junto con el decimotercer sueldo y las horas extraordinarias, una de las pocas posibilidades de incremento de la remuneración individual”.
