La Fiscalía ha solicitado penas de hasta 12 años de prisión para siete exmonjas clarisas cismáticas del monasterio de Belorado, en España, acusadas de presunto maltrato a las hermanas de mayor edad de la comunidad original. Los hechos investigados, que salieron a la luz a principios de 2026, giran en torno a delitos de coacciones, trato degradante, abandono y omisión del deber de socorro, falsedad documental y administración desleal, presuntamente cometidos contra cinco religiosas ancianas que no participaron en el proceso de separación de la Iglesia Católica iniciado en mayo de 2024. Este desarrollo marca un nuevo capítulo en la compleja disputa legal y eclesiástica que ha envuelto a la comunidad de Belorado.
El proceso judicial arrancó tras la apertura de una investigación por parte de un juzgado de Bilbao, centrándose en la situación de las hermanas mayores, cuyas edades oscilaban entre los 87 y 101 años en el momento de los hechos. Estas religiosas, consideradas ajenas al movimiento sedevacantista y de ruptura con la Santa Sede liderado por Laura García de Biedma, entonces abadesa, fueron trasladadas del monasterio de Belorado al de Orduña tras la consumación del cisma. Permanecieron allí hasta el 18 de diciembre de 2025, fecha en la que una orden judicial dictaminó su traslado a un hospital para garantizar su bienestar. Posteriormente, cuatro de ellas encontraron acogida en diversos monasterios pertenecientes a la Federación de Clarisas Nuestra Señora de Aránzazu. Lamentablemente, Sor Getsemaní, una de las afectadas, falleció en enero de 2026.
Las exclarisas, por su parte, han manifestado públicamente su profundo desacuerdo con la petición de penas de cárcel formulada por la Fiscalía. A través de un comunicado emitido por su portavoz, reiteraron su “plena inocencia de las graves acusaciones” relativas al trato de sus compañeras de mayor edad. En el mismo texto, denunciaron lo que describen como una “caza de brujas” y una estrategia para “quebrar nuestra comunidad y destruir nuestro proyecto de vida”. Se autodefinen como “mujeres de fe, conscientes de nuestras decisiones y dispuestas a asumir las consecuencias de actuar conforme a nuestra conciencia”, interpretando su situación como una “persecución y un castigo por haber desafiado a la autoridad eclesiástica y haber seguido el camino que, en conciencia, entendimos que debíamos recorrer”.
Este conflicto tiene sus raíces en junio de 2024, cuando la ruptura con la Iglesia Católica se hizo efectiva y se decretó la excomunión de las monjas implicadas en el cisma. Desde entonces, se ha desatado una prolongada batalla judicial y administrativa entre las exclarisas y el Comisario Pontificio, Monseñor Mario Iceta, Arzobispo de Burgos. En esta contienda, las exmonjas han enfrentado reveses significativos. Los tribunales han rechazado, de manera consistente, sus intentos de constituirse como asociación civil para atribuirse el control pleno de los monasterios. Asimismo, fueron desestimadas sus acusaciones contra Monseñor Iceta por supuesta administración desleal, coacciones y revelación de secretos. La entonces exabadesa, Laura García de Biedma, fue además detenida en noviembre de 2025 bajo la acusación de un presunto delito de venta ilegal de obras de arte, lo que añadió una capa más de complejidad al caso.
En contraste con la situación de las exclarisas cismáticas, la Iglesia Católica ha mostrado gestos de apertura hacia quienes optaron por la reconciliación. El Comisario Pontificio, actuando bajo la autoridad de la Santa Sede y en línea con la pastoral del Papa León XIV, levantó la pena de excomunión el Miércoles de Ceniza de 2026 a dos mujeres que, habiendo participado inicialmente en el proceso cismático, expresaron su arrepentimiento y vivieron un proceso de conversión. Tras esta readmisión, regresaron a la Iglesia Católica en calidad de laicas, marcando un camino de retorno para aquellos que deseen retractarse de su decisión de separación. Este episodio subraya la postura del Pontífice León XIV de ofrecer una vía de reconciliación a quienes, tras un profundo examen de conciencia, deciden volver a la plena comunión con la Iglesia. La situación legal y eclesiástica en Belorado sigue siendo un tema de gran relevancia, evidenciando las complejas implicaciones de la disidencia religiosa y las responsabilidades legales que de ella pueden derivarse.
