Las banderas de los Estados miembros de la ONU ondean frente al Palacio de las Naciones en Ginebra, Suiza, sede del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. La imagen es un símbolo de la vigilancia internacional sobre las normativas nacionales, una función que en noviembre adquirirá particular relevancia para Grecia e Irlanda. Ambos países se someterán al Examen Periódico Universal (EPU), un mecanismo que evalúa el historial de derechos humanos de todas las naciones miembro cada cuatro años y medio aproximadamente.
Este proceso llega en un momento crucial para el debate sobre la gestación subrogada. Diversas organizaciones dedicadas a su abolición están aprovechando la coyuntura para cuestionar los marcos legales de Grecia e Irlanda, señalados por su permisividad. La discusión en el ámbito de los derechos humanos cobra mayor peso tras la reciente declaración vaticana *Dignitas infinita*, publicada en abril de 2024. Este importante documento, emitido durante el pontificado de Francisco, condenó la gestación subrogada como una de las trece violaciones graves a la dignidad humana, ofreciendo un posicionamiento moral y ético que resuena en los debates internacionales.
Entre los grupos más activos en esta defensa de la dignidad se encuentra Juristes pour l’Enfance, una reconocida asociación francesa de profesionales del derecho que aboga por los derechos de los niños. La organización ha presentado dos observaciones formales ante el Consejo de Derechos Humanos, argumentando que tanto Irlanda como Grecia han disfrazado, bajo un velo de compasión y altruismo, lo que en esencia sigue siendo un acuerdo comercial con profundas implicaciones para la infancia. Matthieu Le Tourneur, jurista francés de Juristes pour l’Enfance, explicó en diálogo con EWTN News que la principal objeción de su grupo es que “un niño nunca debe ser objeto de un contrato”, ya que tal acuerdo lo convierte inherentemente en una mercancía. Le Tourneur enfatizó que “la gestación subrogada, sea comercial o se presente como altruista o regulada, implica tratar a un ser humano como un bien. Esto es inaceptable”.
**Niños: sujetos de derechos, no objetos de contrato**
Dentro de los 27 países de la Unión Europea, 16 prohíben explícitamente la gestación subrogada, y siete carecen de un marco legal claro. Sorprendentemente, solo cuatro —Grecia, Irlanda, Chipre y Portugal— la permiten formalmente. De estos, Grecia e Irlanda son consideradas las jurisdicciones con las regulaciones más amplias, si bien ambas describen sus sistemas como “altruistas”, lo que significa que la mujer gestante no recibe un pago directo por el embarazo y el parto.
Sin embargo, Juristes pour l’Enfance objeta firmemente esta categorización. Le Tourneur detalla que, bajo la Ley de Salud (Reproducción Humana Asistida) de Irlanda de 2024, una gestante puede ser compensada por hasta doce meses de ingresos perdidos, además del reembolso de una extensa lista de gastos. En Grecia, la legislación permite pagos fijos de 10.000 euros, cifra que puede aumentar a 15.000 euros en caso de embarazos múltiples, justificados como compensación por “sufrimiento” o “fatiga”.
“¿Altruista para quién?”, cuestiona Le Tourneur, dejando al descubierto la verdadera naturaleza de estos acuerdos. “Nunca es altruista para el niño, que cargará durante toda su vida con la marca invisible de haber sido vendido o entregado, de haber sido objeto de un contrato. El término ‘gestación subrogada altruista’ solo se refiere a los adultos; no se refiere al niño”. Los defensores de la abolición, incluyendo a la asociación, citan frecuentemente la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 1989. Hacen hincapié en el artículo 7, que garantiza el derecho del niño a conocer y ser criado por sus padres, argumentando que la gestación subrogada rompe deliberadamente el vínculo materno al nacer. Además, la consideran una forma de venta de niños, invocando el artículo 35 y su Protocolo Facultativo, incluso cuando no existe un precio explícito.
**Tráfico humano, vulnerabilidad y los límites de la regulación**
La fragilidad de la regulación de la gestación subrogada quedó dramáticamente expuesta en 2023. Las autoridades griegas desarticularon una presunta red criminal que operaba desde el Instituto Mediterráneo de Fertilidad, en Creta. Las investigaciones revelaron indicios de mujeres migrantes víctimas de trata, principalmente de Europa del Este, que habían sido reclutadas como gestantes. El caso incluyó el uso de documentos falsificados, transferencias embrionarias fraudulentas y lo que los fiscales describieron como una gestión de embriones a escala industrial.
“La legalización de una práctica nunca elimina la trata fuera del marco legal”, aseveró Le Tourneur. “En algunos casos, la existencia de un mercado legal incluso fortalece el tráfico ilegal”. El jurista trazó un paralelismo con los debates sobre la legalización de las drogas, donde la oferta legal no siempre ha logrado erradicar los mercados clandestinos. Asimismo, señaló que la legalización puede actuar como un factor de atracción para mujeres en situación de vulnerabilidad, quienes, durante aproximadamente doce meses, saben que recibirán apoyo económico, atención y, en ocasiones, alojamiento.
Expertos de la ONU han expresado preocupaciones similares. Le Tourneur citó las conclusiones de 2018 de la entonces relatora especial Maud de Boer-Buquicchio, un informe de 2019 del Comité de los Derechos del Niño y un informe de 2025 de la relatora especial Reem Alsalem. Todos estos documentos critican la gestación subrogada por considerarla una forma de explotación que afecta tanto a mujeres como a niños.
**Un debate decisivo para Europa**
El foco sobre la gestación subrogada llega en un momento de creciente división en Europa. Mientras algunos de sus defensores la presentan como un acto de generosidad entre adultos con consentimiento libre, la mayoría de los Estados miembros de la Unión Europea —incluidos Francia, Alemania, España y Polonia— la consideran una forma de explotación incompatible con la dignidad humana.
Italia, por ejemplo, ha adoptado una de las posturas más estrictas, clasificando la gestación subrogada como un delito universal. Según una ley que entró en vigor en noviembre de 2024, los ciudadanos italianos pueden ser procesados por recurrir a servicios de gestación subrogada en el extranjero, incluso en países donde la práctica es legal. Las condenas contemplan penas de hasta dos años de prisión y multas que oscilan entre 600.000 euros y 1 millón de euros.
En este contexto, Le Tourneur subrayó que Grecia e Irlanda son importantes no solo por lo que ocurre dentro de sus fronteras, sino por el precedente que establecen. Si el Consejo de Derechos Humanos emite recomendaciones contrarias a sus leyes sobre gestación subrogada, enviaría una señal potente a otros gobiernos que contemplan adoptar legislaciones similares. “Esperamos que, gracias a nuestras alertas, el Consejo inste a los países afectados a modificar su legislación nacional”, afirmó Le Tourneur. “Estas recomendaciones también podrían disuadir a otros países de aprobar leyes que el Consejo de Derechos Humanos consideraría violaciones de los derechos humanos”.
Este examen en la ONU se perfila como un capítulo decisivo en el debate global sobre la ética y los derechos humanos en torno a la gestación subrogada.
