La Suprema Corte de México archiva de forma definitiva el último litigio sobre nacimientos navideños en edificios públicos

El máximo tribunal de justicia en México ha puesto fin a una prolongada controversia jurídica al decidir el sobreseimiento del último recurso legal que cuestionaba la exhibición de figuras alusivas al nacimiento de Jesucristo en inmuebles gubernamentales durante las festividades de fin de año.

El origen del proceso judicial

El expediente tuvo su génesis cuando un ciudadano promovió una demanda de amparo argumentando que la instalación de un Nacimiento en las instalaciones del Ayuntamiento de Mocochá, situado en la zona norte de la entidad federativa de Yucatán, contravenía preceptos constitucionales fundamentales como el principio histórico de laicidad del Estado, así como las garantías de libertad de cultos y el derecho a la no discriminación. La colocación ornamental, efectuada en diciembre de 2020 en la planta baja de la sede municipal, también había sido difundida a través de canales digitales institucionales.

Tras un análisis colegiado, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió el 19 de octubre sobreseer la causa. La determinación se adoptó por una amplísima mayoría de 8 votos a favor y 1 en contra, fundamentándose en que el propio demandante decidió desistirse de la acción legal que había interpuesto originalmente.

Discusión interna en el máximo tribunal

La única postura disidente dentro de la votación provino de la ministra ponente Sara Irene Herrerías Guerra, quien abogó por no dar por válido el desistimiento del promovente y entrar al análisis de fondo de la controversia constitucional. En la propuesta de sentencia que había elaborado para someter a consideración de sus homólogos se anticipaba un criterio en el sentido de que la Justicia de la Unión no amparaba ni protegía al quejoso frente a las acciones ejecutadas por las autoridades municipales de Yucatán.

Con esta resolución judicial quedan formalmente concluidos tres procesos diferentes que se habían tramitado desde diversos municipios yucatecos con el propósito de vetar este tipo de expresiones culturales y religiosas en inmuebles del Estado.

La movilización ciudadana y el impacto social

Ante el avance de estos recursos legales, diversos sectores de la sociedad civil organizada manifestaron su inconformidad. Luis Barrera, quien se desempeña como gerente de Campañas en la plataforma ciudadana Actívate, calificó la resolución del tribunal constitucional como una muy buena noticia en declaraciones emitidas el mismo 19 de octubre.

Durante el desarrollo del litigio, agrupaciones como Actívate y Hazte Sentir impulsaron una recolección masiva de rúbricas, logrando sumar más de 100.000 firmas con el propósito de exhortar a los ministros a preservar las tradiciones decembrinas en los espacios del dominio público.

Según el representante de la sociedad civil, la persistente presión mediática y social influyó de manera directa en los diferimientos sucesivos que experimentó el debate en la agenda de la Corte, hasta desembocar en el archivo definitivo del expediente. Asimismo, subrayó que en esta defensa ciudadana convergieron posturas ideológicas y religiosas diversas, incluyendo a sectores que defendían la medida bajo el argumento de preservar la identidad cultural del país. “La sociedad mexicana reaccionó”, puntualizó.

Implicaciones futuras para la libertad religiosa

Pese al cierre del caso, los activistas advierten que la sentencia no establece un criterio jurisprudencial obligatorio que defina de manera definitiva la licitud o ilicitud de estas prácticas desde la perspectiva constitucional, al haberse desechado por un desistimiento procesal y no mediante una sentencia de fondo.

Para la organización social, el balance resulta favorable aunque persistiera el deseo de un pronunciamiento judicial explícito que refrendara la inexistencia de agravio en estas representaciones tradicionales. En el marco de un conflicto legal que se extendió por casi cuatro años, los portavoces sociales enfatizaron la necesidad de mantenerse vigilantes ante cualquier intento futuro que vulnere los derechos de las comunidades religiosas.

Finalmente, recordando antecedentes históricos como la conmemoración del centenario del inicio de la Guerra Cristera, los sectores sociales hicieron un llamado a no permanecer indiferentes frente a los retos actuales que enfrentan las distintas expresiones de fe en el territorio nacional.