Una fotografía tomada el 25 de enero de 2020 muestra a soldados libaneses montando guardia bajo una gigantesca bandera nacional en Beirut, la capital del país, con montañas cubiertas de nieve al fondo. | Crédito: ANWAR AMRO/AFP vía Getty Images.
En una decisión histórica aplaudida por la comunidad internacional, Líbano se posicionó este mes como el primer país de Medio Oriente en suprimir de forma definitiva la pena de muerte, un paso considerado fundamental para la defensa de los derechos fundamentales y la dignidad humana.
Sin embargo, la promulgación casi simultánea de una normativa de indulto general provocó una profunda división social y política, encendiendo las alarmas principalmente en los sectores cristianos del país debido a las repercusiones que podría tener sobre la seguridad ciudadana y la justicia para las víctimas.
Un avance histórico en un entorno regional punitivo
Aunque la nación llevaba sin aplicar ejecuciones desde 2004, los tribunales locales continuaban dictando sentencias capitales con regularidad, acumulando al menos 85 personas condenadas a la pena máxima al comenzar el año, según registros de organizaciones humanitarias. Estas penas solían imponerse por delitos de extrema gravedad como el terrorismo, el homicidio y el espionaje.
Esta reforma diferencia notablemente al Estado libanés de sus vecinos, donde las ejecuciones siguen vigentes y aplicándose de manera masiva. Informes internacionales documentaron más de 2.000 ejecuciones en Irán y más de 350 en Arabia Saudita durante el periodo anterior. A esto se suman medidas recientes en territorios cercanos, como la anulación de una moratoria en Jordania para ahorcar a varios hombres o la aprobación de leyes similares en el Parlamento israelí.
El ministro de Justicia, Adel Nassar, calificó la abolición como una medida calificada de “histórica”, alineándose con las peticiones emitidas reiteradamente por las Naciones Unidas.
Controversia y temores por la nueva ley de indulto
En contraste con el beneplácito general por el fin de la pena capital, el paquete de amnistía general aprobado en el Parlamento generó un fuerte rechazo, centrado fundamentalmente en las repercusiones sobre la tranquilidad pública y la estabilidad institucional.
La normativa abarca infracciones perpetradas antes del 1 de marzo de 2026 y excluye expresamente de la liberación total a los crímenes más graves, tales como el terrorismo, el asesinato con premeditación, la traición a la patria, el narcotráfico a gran escala, la trata de personas y la violencia de género, entre otros. Pese a estas exclusiones, los condenados por dichos delitos recibirán rebajas drásticas en sus castigos, conmutando la cadena perpetua con trabajos forzados a una pena equivalente a 12 años y nueve meses de reclusión efectiva, mientras que el resto de las sanciones sufrirá una reducción de un tercio.
Diversos sectores críticos advierten que la excarcelación masiva o la disminución de condenas, operando en un contexto de marcada debilidad estatal y crisis económica, incrementa el riesgo de reincidencia o de reclutamiento por parte de facciones armadas y redes criminales. Asimismo, los detractores denuncian que la medida elude los problemas estructurales del sistema penitenciario, como el hacinamiento y la lentitud procesal.
Voces críticas y el impacto en las comunidades
La legislación también ha puesto sobre la mesa el debate en torno a la reparación y los derechos de las víctimas, cuestionando la eficacia de una solución legislativa masiva frente a la necesidad de impartir justicia de manera individualizada.
“En lugar de acelerar los juicios y resolver los casos para absolver a los inocentes y condenar a los culpables, los supuestos expertos recurren a la solución más fácil: una amnistía general”, expresó el P. Dany Dargham a través de plataformas digitales, criticando además que las agendas políticas tradicionales continúen priorizando cálculos electorales por encima de la construcción de una sociedad justa.
En el entramado confesional libanés, el articulado también contemplaba el retorno de ciudadanos que cruzaron a Israel tras el año 2000, siempre que no estuvieran vinculados a actividades castrenses, generando suspicacias sobre el verdadero alcance de la disposición y la garantía de seguridad para los exiliados.
Por su parte, la activista libanesa Maryam Younes rechazó ser incluida en un marco legal que beneficia a criminales comunes: “No pueden incluirnos en una ley que indulta a criminales, violadores y asesinos, cuando nuestro delito fue defender nuestra tierra. No creemos que esta amnistía general nos concierna”, aseveró.
Artículo publicado originalmente en ACI MENA. Traducido y adaptado por el equipo de EWTN News y ACI Prensa.
