El Papa León XIV ha aceptado este 15 de julio la renuncia al gobierno pastoral de la Diócesis de Huacho, en Perú, presentada por monseñor Antonio Santarsiero Rosa. La decisión del Santo Padre llega en un momento de notable relevancia, ya que se produce poco después de que salieran a la luz pública graves denuncias de presuntos abusos sexuales y maltrato psicológico contra el prelado, además de coincidir con el cumplimiento de su 75º aniversario, la edad en la que el Código de Derecho Canónico establece que los obispos deben presentar su dimisión al Pontífice.
La Oficina de Prensa de la Santa Sede comunicó la aceptación de la renuncia por parte del Papa León XIV de forma concisa, sin ofrecer detalles adicionales sobre las razones específicas más allá de lo estipulado por la normativa eclesiástica. Esta brevedad en el comunicado oficial es habitual en estos procesos, pero no mitiga el impacto de la noticia, especialmente por el contexto de las recientes acusaciones.
Las denuncias que envuelven a monseñor Santarsiero fueron divulgadas inicialmente en abril por el portal español InfoVaticana, que informó sobre la existencia de un expediente exhaustivo remitido tanto a la Nunciatura Apostólica en el Perú como al Dicasterio para la Doctrina de la Fe, la máxima autoridad vaticana encargada de velar por la doctrina y la moral, y de investigar los delitos más graves, incluidos los abusos sexuales. Según las informaciones, la documentación recopila acusaciones por presuntos abusos sexuales y maltrato psicológico que habrían sido perpetrados por el obispo durante varios años de su ministerio.
El informe de InfoVaticana destacó que al menos dos testimonios presentaban coincidencias sustanciales en los hechos denunciados, lo que refuerza la credibilidad de las acusaciones. Uno de los testimonios, particularmente preocupante, señalaba que parte de los presuntos abusos habría ocurrido cuando la supuesta víctima aún era menor de edad, una circunstancia que agrava considerablemente la naturaleza del delito canónico y civil. La existencia de estos expedientes y el involucramiento de dicasterios vaticanos subraya la seriedad con la que la Iglesia aborda estas acusaciones.
En respuesta a la publicación de estas graves imputaciones, monseñor Santarsiero rechazó categóricamente las acusaciones. Citado por el mismo portal, el prelado afirmó que negaba “rotundamente” las conductas que se le atribuían, argumentando que “contradicen totalmente mi trayectoria y principios como sacerdote y obispo, en los cuales he actuado siempre con rectitud, respeto y compromiso pastoral”. Esta declaración buscaba defender su honor y su larga trayectoria al servicio de la Iglesia.
Ante la difusión pública del caso y la gravedad de las acusaciones, la Conferencia Episcopal Peruana (CEP) reaccionó el 9 de abril con un comunicado oficial. En dicho pronunciamiento, la CEP informó que monseñor Santarsiero había solicitado ser apartado del cargo de secretario general del episcopado peruano, una posición de gran relevancia dentro de la jerarquía eclesiástica del país. Esta solicitud fue presentada, según la CEP, “como un acto de responsabilidad con la misión institucional, para dedicarse al esclarecimiento de la verdad” de las acusaciones.
El comunicado de la CEP, firmado por su presidente, monseñor Carlos García Camader, reafirmó el compromiso de la institución de “realizar todos los esfuerzos necesarios para esclarecer los hechos denunciados, actuando conforme a los protocolos establecidos y a la legislación vigente, tanto canónica como civil”. La Conferencia Episcopal también aprovechó la ocasión para reiterar su “confianza en el sistema penal canónico y en su adecuada aplicación”, recordando a las posibles personas afectadas que existen canales de escucha específicos, previstos por el motu proprio *Vos estis lux mundi*, para presentar sus denuncias y recibir el apoyo necesario. Este documento, promulgado por un Papa anterior, estableció procedimientos y normas para la protección de menores y personas vulnerables en la Iglesia, fortaleciendo la responsabilidad de los obispos y superiores religiosos en la gestión de estos casos.
Antonio Santarsiero Rosa nació en Italia el 13 de junio de 1951 y pertenece a la congregación de los Oblatos de San José. Su llegada al Perú data de 1973, donde realizó sus estudios de Teología. Fue ordenado sacerdote el 14 de junio de 1980. Su ascenso en la jerarquía eclesiástica incluyó su nombramiento como prelado de Huarí por San Juan Pablo II en junio de 2001, recibiendo la ordenación episcopal el 12 de agosto de ese mismo año. Posteriormente, el 4 de febrero de 2004, fue designado obispo de Huacho, tomando posesión de la diócesis el 25 de abril de ese año. Además de su labor pastoral en la diócesis, Santarsiero integró la Conferencia Episcopal Peruana desde 2017 y, más recientemente, desde 2024, se desempeñaba como su secretario general, cargo del que se apartó voluntariamente para facilitar la investigación.
La aceptación de su renuncia por parte del Papa León XIV, en este delicado contexto, marca un paso significativo en el proceso y refuerza la línea de tolerancia cero de la Iglesia ante los abusos. La Diócesis de Huacho se prepara ahora para un periodo de transición mientras la Santa Sede evalúa los siguientes pasos para su gobierno pastoral.
