Los obispos de República Dominicana han emitido una enérgica advertencia sobre una iniciativa legal ante el Tribunal Constitucional, la cual, según su comunicado, representa un desafío directo a los derechos fundamentales de la vida y la familia en el país. La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) manifestó su “profunda preocupación” por estas acciones que buscan despenalizar el aborto bajo ciertos supuestos, interpretando la medida como un intento de desvirtuar principios arraigados en la Constitución dominicana.
El pronunciamiento de los prelados, fechado el 19 de junio, se produce poco después de una audiencia pública celebrada el 17 de junio en el Tribunal Constitucional. Durante esta sesión, se examinó una “acción directa de inconstitucionalidad” presentada por diversas organizaciones, incluyendo las autodenominadas Católicas para el Derecho a Decidir y la Asociación Alianza Cristiana Dominicana. Estas entidades buscan la despenalización del aborto mediante la introducción de tres causales específicas: cuando la vida de la madre se encuentre en peligro, en casos de “inviabilidad fetal”, y en situaciones de violación o incesto.
La controversia legal se centra en impugnar varios artículos del nuevo Código Penal de la República Dominicana, la Ley 74-25, que está previsto para entrar en vigor el 3 de agosto de 2026. Específicamente, los artículos 106, 107, 108, 110 y 111 de esta normativa establecen diferentes penas para la mujer que interrumpe un embarazo y para quienes colaboren en dicho procedimiento. La “acción directa de inconstitucionalidad” persigue la eliminación o modificación de estas disposiciones que criminalizan el aborto en el país.
En su declaración, los obispos dominicanos elogiaron la movilización de los grupos provida que se manifestaron pacíficamente ante el Tribunal Constitucional el día de la audiencia, reconociendo su compromiso con la defensa de los derechos fundamentales. Subrayaron que los atentados contra la vida y la institución familiar no son nuevos en la nación caribeña. “Los ataques contra la vida y la familia se vienen lanzando desde hace décadas”, afirmaron, destacando que en todas las ocasiones, tanto los legisladores constituyentes como los ordinarios, “interpretando los valores e intereses permanentes del pueblo dominicano, los han rechazado en forma sostenida”. Esta postura, según los obispos, reafirma “la dignidad innata de la vida humana desde la concepción, y la importancia de preservar la familia como fundamento de la nación”.
La jerarquía católica enfatizó la posición singular de República Dominicana en el ámbito internacional. “Somos de las pocas naciones del mundo que han rehusado sumarse a esas corrientes propias de la cultura de la muerte, en nombre de un falso sentido del progreso humano, o lo que es peor aún, de las libertades y los derechos de las mujeres”, señalaron. Esta afirmación busca diferenciar la identidad dominicana de tendencias que, a su juicio, promueven una visión distorsionada del avance social y los derechos femeninos.
Los prelados también denunciaron que la “acción directa de inconstitucionalidad” no solo es una medida “audaz y de alto riesgo” para el orden constitucional e institucional del país, sino que además se sustenta en “visiones ideológicas cargadas de relativismo e impulsadas por el transhumanismo”. Esta crítica apunta a lo que consideran una fundamentación filosófica que socava los valores tradicionales y la cosmovisión cristiana que, según ellos, ha caracterizado históricamente a la nación dominicana.
Al concluir su comunicado, los obispos exhortaron a las autoridades a no permitir que se menoscabe la soberanía y autodeterminación de República Dominicana. Afirmaron que los poderes públicos, en representación de la identidad cristiana del país, deben proteger su integridad demográfica y territorial de tales ataques. En este sentido, felicitaron al Ministerio Público y al Congreso por su histórica resistencia y por haber rechazado previamente pretensiones similares a las expuestas en la actual “acción de inconstitucionalidad”, reconociendo su rol en la salvaguarda de los principios que consideran esenciales para el futuro de la nación. La defensa de la vida y la familia, según el Episcopado, sigue siendo un pilar inquebrantable para la sociedad dominicana.
