The Globe and Mail, considerado el periódico de mayor relevancia en Canadá, ha reconocido una “falla periodística” en su cobertura de 2021 sobre las supuestas “fosas comunes” halladas en la antigua Escuela Residencial Indígena de Kamloops. En un editorial reciente, la junta del medio torontino subrayó que la afirmación inicial de haber encontrado los restos de 215 niños era una “declaración extraordinaria” que demandaba una sólida verificación.
El editorial, publicado a finales de mayo, criticó la falta de escrutinio por parte de los medios, incluido el propio The Globe and Mail, cuando la Primera Nación Tk’emlúps te Secwépemc emitió un comunicado en 2021. Dicho comunicado anunciaba la “confirmación de los restos de 215 niños” mediante el uso de georradar, que detectó anomalías subterráneas en el terreno. La publicación lamentó que en aquel momento no se cuestionara adecuadamente la veracidad de tales hallazgos.
El periódico enfatizó que la innegable existencia de crímenes históricos contra niños indígenas en el sistema de escuelas residenciales no convalida automáticamente las aseveraciones sobre restos desaparecidos ni el uso del término “fosas comunes”. Si bien reconoció que la terminología mediática evolucionó progresivamente hacia “posibles o probables tumbas”, el editorial concluyó que la lección fundamental aprendida es la necesidad de abordar con máximo cuidado las afirmaciones relacionadas con las escuelas residenciales, sometiéndolas a un riguroso examen.
La crítica del medio canadiense no se limitó a la prensa, extendiéndose también a figuras políticas que hicieron declaraciones sin verificar los hechos. El entonces primer ministro de Columbia Británica, John Horgan, calificó el suceso de Kamloops como una “tragedia de proporciones inimaginables”, una aseveración que, según el editorial, no tenía base fáctica. De manera similar, el ex primer ministro canadiense Justin Trudeau emitió pronunciamientos aún más enfáticos sin sustento en datos concretos, llegando a ordenar que la bandera canadiense ondeara a media asta en todos los edificios federales durante más de cinco meses.
A pesar de que Horgan falleció en 2024, el editorial de The Globe and Mail señaló que Trudeau aún tiene la oportunidad de clarificar la situación, algo que, según el periódico, no ha hecho. La publicación también criticó al actual gobierno liberal por no haber rendido cuentas sobre los cientos de millones de dólares destinados a las Primeras Naciones para investigar si las anomalías detectadas en el terreno corresponden realmente a restos humanos.
Este reconocimiento por parte de The Globe and Mail coincidió con el quinto aniversario del anuncio de Kamloops, un evento que motivó la publicación de varios reportajes por parte de este medio y del National Post. Una nota de The Globe destacó que, desde 2021, la narrativa de los “215 de Tk’emlúps” ha transitado “de la certeza a la ambigüedad”.
Terry Glavin, periodista del National Post, conocido por su investigación “El año de las tumbas: cómo los medios del mundo se equivocaron sobre las fosas comunes”, ha sido una voz crítica en este tema. Glavin argumentó la semana pasada que la defectuosa cobertura inicial ha empañado el proceso de reconciliación y que los verdaderos sobrevivientes de las escuelas residenciales son quienes más han sufrido. Según Glavin, esta cobertura propició una expansión de la definición de “negacionismo de las escuelas residenciales”, una “construcción singular” que equipara el escepticismo ante estas historias con la negación del Holocausto.
La admisión de The Globe generó reacciones diversas en otros medios. Mientras el New York Post opinó que la “estafa de las fosas comunes revela el costo del sesgo mediático”, la periodista Rachel Gilmore, en su columna de Substack, expresó que el editorial “acaba de alimentar el negacionismo de las escuelas residenciales”.
En el ámbito legislativo, en 2022, el gobierno federal designó a Kimberly Murray como interlocutora especial para niños desaparecidos y tumbas sin identificar. En un informe provisional de junio de 2023, Murray sugirió a los legisladores considerar la criminalización de la negación o minimización de los abusos perpetrados contra niños indígenas en las escuelas residenciales. Como resultado, el 1 de junio de este año, el Comité Permanente de Derechos Humanos del Senado, al revisar el proyecto de ley C-9, la Ley de lucha contra el odio, votó a favor de enmendarlo para incluir la criminalización del negacionismo de las escuelas residenciales. Sin embargo, apenas dos días después, el 3 de junio, el Senado rechazó dicha enmienda, según informó Juno News.
Este complejo escenario subraya la delicadeza y la polarización que rodea la historia de las escuelas residenciales en Canadá, así como el crucial papel del periodismo y la política en la construcción de una reconciliación auténtica y basada en hechos verificados.
