La gobernadora demócrata Maura Healey ha estampado su firma en una legislación que deroga todas las restricciones estatales sobre el aborto tardío en Massachusetts, catapultando al estado a la lista de once jurisdicciones estadounidenses que permiten la interrupción del embarazo en cualquier etapa de la gestación. Esta trascendental decisión, formalizada el 10 de agosto, marca un punto de inflexión en la política de salud reproductiva de la Commonwealth, un tema que continúa generando intenso debate tanto a nivel local como nacional.
El proyecto de ley, que fue enviado al despacho de Healey el 31 de julio tras su aprobación por el Senado estatal, modifica sustancialmente el marco legal preexistente. Hasta ahora, la legislación de Massachusetts permitía el aborto más allá de las 24 semanas de embarazo bajo un estricto conjunto de condiciones: cuando un médico determinaba que era indispensable para preservar la vida o la salud física o mental de la mujer, en casos de anomalía o diagnóstico fetal letal, o si existía una alta improbabilidad de que el feto sobreviviera fuera del útero. La nueva norma elimina estas salvaguardias, estableciendo que un aborto electivo en etapas avanzadas puede realizarse simplemente “de acuerdo con el criterio profesional del médico que lo practique”, lo que representa una ampliación sin precedentes de la permisividad.
La gobernadora Healey, quien asumió su cargo en 2023 y es reconocida como una firme defensora de los derechos reproductivos, justificó la medida enfatizando la autonomía de las familias. En una conferencia de prensa realizada el mismo 10 de agosto, la mandataria afirmó: “Hoy, las madres, los padres y las familias que sufren estos diagnósticos devastadores —y son devastadores y desgarradores— podrán ahora tomar sus propias decisiones”. Healey y otros partidarios de la legislación señalaron que el cambio era imperativo debido a que los hospitales de Massachusetts mostraban una creciente renuencia a practicar abortos a mujeres que, incluso bajo la ley anterior, cumplían los requisitos para someterse a una interrupción después de las 24 semanas. Argumentaron que los profesionales de la salud requerían una “autoridad más clara” para reafirmar que el juicio médico es el eje central en las decisiones sobre abortos tardíos, buscando eliminar la ambigüedad que, según ellos, dificultaba el acceso a estos procedimientos.
La reacción del sector provida fue inmediata y contundente. Marjorie Dannenfelser, presidenta de SBA Pro-Life America, emitió un comunicado en el que calificó de “indignante” que “decenas de miles de estadounidenses no nacidos sean brutalmente desmembrados miembro por miembro cada año”. Dannenfelser advirtió que esta cifra “no hará más que aumentar” con la aprobación de la ley, que considera una licencia para el aborto “hasta el nacimiento”. La organización enfatizó que los abortos realizados en el segundo y tercer trimestre a menudo se llevan a cabo mediante el desmembramiento del feto o la inducción del parto, una práctica que, según ellos, puede resultar en el nacimiento de un bebé vivo, subrayando la controversia ética y moral asociada a estos procedimientos.
Dannenfelser aprovechó la ocasión para exhortar al Partido Republicano a “abandonar la postura de ‘dejarlo en manos de los estados'”, una posición que, a su juicio, “permite leyes atroces sobre el aborto tardío como esta”, y a “promover la protección nacional de los niños no nacidos”. La líder provida lamentó profundamente que, “sin una norma nacional mínima, Estados Unidos sigue siendo uno de los únicos ocho países del mundo que permiten el aborto en cualquier etapa del embarazo”. Para fundamentar su crítica, hizo referencia a un estudio de 2024 del Instituto Charlotte Lozier, el cual destaca que 46 de los 50 países de Europa limitan el aborto después de las 15 semanas de gestación, un punto en el que el bebé ya es capaz de sentir dolor. El informe también reveló que anualmente se llevan a cabo más de 60.000 abortos después de las 15 semanas en Estados Unidos, una cifra que, según Dannenfelser, evidencia un “vergonzoso capítulo” que la nación debe “pasar página” urgentemente.
La aprobación de esta legislación en Massachusetts se enmarca en un panorama nacional crecientemente polarizado en torno a los derechos reproductivos, especialmente tras recientes decisiones judiciales a nivel federal que han devuelto a los estados una mayor autonomía en la regulación del aborto. Mientras los defensores de la elección celebran lo que consideran un paso vital para la autonomía corporal y la atención médica integral, los oponentes denuncian la medida como una grave afrenta a la vida no nacida y a la moral pública. La firma de esta ley por la gobernadora Healey no solo redefine las fronteras del acceso al aborto en Massachusetts, sino que también intensifica la compleja y emocionalmente cargada discusión sobre la protección de la vida y la libertad individual en todo el país.
