José Antonio Kast, presidente de Chile. Crédito: Dirección de Prensa de la Presidencia de la República de Chile
La administración del presidente chileno, José Antonio Kast, ha tomado la decisión política de no respaldar ni impulsar la tramitación de la iniciativa conocida como “Escucha su corazón”. La propuesta legislativa pretendía modificar los protocolos vigentes para que las mujeres que optasen por interrumpir su embarazo tuvieran acceso obligatorio a la audición de la actividad cardíaca del feto antes de concretar el procedimiento.
Origen y objetivos de la propuesta legislativa
El texto normativo fue impulsado originalmente por bloques parlamentarios pertenecientes al Partido Republicano, el Partido Nacional Libertario y Renovación Nacional. Su planteamiento principal radicaba en la necesidad de garantizar que las pacientes contaran con datos de naturaleza clínica completos y comprensibles antes de emitir una autorización definitiva para el procedimiento médico.
De acuerdo con el articulado presentado en el Congreso, el protocolo médico habría exigido que el profesional tratante consultara la existencia de actividad cardíaca según el desarrollo gestacional. En los casos donde fuera perceptible, el galeno estaba obligado a ofrecer de manera directa la opción de percibir los latidos mediante recursos técnicos, acompañando la acción de una descripción de carácter neutral.
Asimismo, el documento estipulaba que la madre del nonato podrá declinar libremente este ofrecimiento, con todo, el médico deberá negarse a practicar la interrupción del embarazo si es que esa situación se verifica, generando un punto central de fricción en el debate jurídico y sanitario del país sudamericano.
Los motivos detrás de la negativa del Ejecutivo
Al ser consultado sobre las razones que motivaron la postura del Palacio de La Moneda, el mandatario chileno aclaró que se trata de una atribución legítima del poder legislativo, pero subrayó que su administración prioriza otros ejes programáticos prioritarios para el Estado.
En declaraciones ofrecidas a un medio radial, el jefe de Estado puntualizó: "es una moción parlamentaria como tantas que hay que son legítimas. Pero cuando nosotros planteamos en campaña que nos íbamos a enfocar a un gobierno de emergencia, temas de economía, de seguridad social, dijimos que no íbamos a impulsar medidas que generaran una tensión en algunos aspectos de la vida social".
Asimismo, el gobernante marcó distancia respecto a los modelos implementados en otras naciones, señalando una divergencia fundamental en la obligatoriedad de la medida: "En otros países [la propuesta de escuchar] el latido del corazón es voluntario. La diferencia de la moción parlamentaria en Chile es que se puso como obligatoria y es legítimo que los parlamentarios presenten sus mociones parlamentarias, que se genere un debate en torno a eso, pero nosotros no vamos a avanzar en esa materia".
Contexto político y marco legal en Chile
La decisión del Poder Ejecutivo adquiere particular relevancia debido a los antecedentes públicos de José Antonio Kast, quien ha manifestado de manera pública su condición de católico, su postura en favor del derecho a la vida desde la gestación y su respaldo a la objeción de conciencia para el personal médico que rechace participar en este tipo de intervenciones.
Sin embargo, durante su campaña presidencial, el actual mandatario optó por desplazar los asuntos de índole valórica del centro de su estrategia política, comprometiéndose a concentrar los esfuerzos de su gestión en la reactivación económica, el combate a la delincuencia y la gestión de los flujos migratorios irregulares.
Cabe destacar que la interrupción legal del embarazo en territorio chileno se encuentra regulada desde el año 2017 bajo un régimen restrictivo que limita su aplicación a tres situaciones específicas: peligro inminente para la subsistencia de la madre, incompatibilidad de la vida extrauterina con el desarrollo fetal, y cuando la gravidez sea producto de una violación.
