Una bandera canadiense ondea cerca del edificio del Parlamento en Ottawa. | Crédito: Hank Mika/Shutterstock.
El ejecutivo de Canadá ha tomado la decisión definitiva de no extender su programa de muerte asistida a los ciudadanos cuya única condición sea un trastorno psiquiátrico. Con este anuncio, emitido por las autoridades federales, se clausura una prolongada etapa de discusiones y análisis sobre la inclusión de cuadros psicológicos no terminales dentro del sistema médico de finalización de vida.
El fin de un largo debate legislativo
Durante una comparecencia ante los medios celebrada en la Cámara de los Comunes, el ministro de Justicia, Sean Fraser, confirmó que el Estado norteamericano descartó por completo llevar a cabo la proyectada apertura normativa. Esta determinación congela los planes que generaban profundas divisiones en el ámbito político y social de la nación.
“Si bien no existe un perfecto consenso sobre este tema, creemos que este es el enfoque correcto en este momento en particular”, declaró el funcionario ante los periodistas presentes en el recinto parlamentario.
La futura normativa gubernamental establecerá una prolongación indefinida de la restricción que impide aplicar la eutanasia basándose exclusivamente en diagnósticos de salud mental, poniendo paños fríos a una iniciativa que ya había sufrido aplazamientos previos debido a la falta de preparación institucional.
Contexto del programa de asistencia médica
Desde su legalización hace aproximadamente una década, el mecanismo conocido formalmente como asistencia médica para morir (MAID, por sus siglas en inglés) se ha posicionado como uno de los sistemas más laxos a nivel global y representa una de las principales causas de fallecimiento en el territorio canadiense. Las estadísticas oficiales reflejan que alrededor de 100 000 ciudadanos han perdido la vida bajo esta vía clínica desde el año 2016.
El impacto del programa se refleja en las estadísticas recientes. Tan solo en 2023, este procedimiento concentró aproximadamente 1 de cada 20 muertes registradas en todo el país, lo que equivale a un incremento interanual cercano al 16% con más de 15 000 decesos documentados en ese periodo.
Si bien los criterios oficiales limitan teóricamente el acceso a individuos que atraviesan una “afección médica grave e irremediable”, la legislación no exige obligatoriamente que el padecimiento suponga un riesgo mortal inminente, lo que históricamente ha alimentado las dudas sobre los límites de la medida.
Preocupaciones sobre sectores vulnerables y aplicación regional
Organizaciones civiles y estudios especializados han advertido reiteradamente sobre los riesgos que enfrenta la población más desprotegida. Un análisis elaborado por Cardus Health en 2025 alertó que los grupos demográficos vulnerables, incluidos aquellos con afecciones psicológicas, accedían a los recursos de finalización de vida a tasas desproporcionadamente elevadas en comparación con otros sectores.
Paralelamente, el panorama normativo muestra divergencias a escala regional. Por ejemplo, la administración de Quebec implementó la modalidad de “solicitudes anticipadas”, permitiendo que los pacientes autoricen de manera previa la aplicación de la eutanasia para escenarios futuros en los que pierdan la capacidad de otorgar consentimiento.
Asimismo, la polémica en torno al cumplimiento de los protocolos se mantiene latente tras revelarse en informes de organismos fiscalizadores que cientos de presuntas infracciones a las normativas del programa no fueron notificadas oportunamente a las instituciones policiales competentes, avivando la controversia en torno a los mecanismos de supervisión y control vigentes.
