La comunidad católica de Estados Unidos ha elevado su voz en oración y demanda de justicia tras la muerte de dos inmigrantes por disparos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en una sola semana de julio de 2026. Estos trágicos sucesos, ocurridos en Maine y Texas, han reavivado el debate sobre el uso de la fuerza por parte de las autoridades migratorias y la necesidad urgente de una reforma integral.
El primer incidente se registró el 7 de julio en Houston, Texas, donde Lorenzo Salgado Araujo, un migrante mexicano de 52 años, fue abatido durante un control de tráfico. Apenas seis días después, el 13 de julio, Johan Sebastián Durán Guerrero, un ciudadano colombiano de 26 años, perdió la vida en Biddeford, Maine, en circunstancias igualmente controvertidas. Ambos casos son actualmente objeto de investigación por parte de múltiples agencias estatales y federales.
En respuesta a la muerte de Salgado, el Arzobispo de Galveston-Houston, monseñor Joe Vásquez, emitió una declaración el 15 de julio, instando a la sociedad a la reflexión. “Como sociedad, debemos vernos y tratarnos como hombres y mujeres creados a imagen y semejanza de Dios, incluyendo a nuestros hermanos y hermanas inmigrantes, nuestros funcionarios electos y nuestros agentes del orden”, afirmó el arzobispo. Vásquez subrayó la convicción de que “la violencia y la falta de respeto solo generarán más miedo y división”, y reiteró el llamado de los obispos estadounidenses a una “reforma migratoria significativa en contraposición a un enfoque basado únicamente en la aplicación de la ley”. El prelado también enfatizó la importancia de medidas coercitivas que sean “específicas, proporcionales y humanas”.
En Maine, la Diócesis de Portland se movilizó para ofrecer apoyo pastoral y oraciones a la familia de Durán Guerrero, incluyendo a su esposa y su hija de tres años, así como a la comunidad migrante local. “Oramos para que todos los afectados por su muerte puedan experimentar el consuelo, la fortaleza y la paz amorosa de Dios”, manifestó la diócesis en un comunicado oficial. Un monumento improvisado en Biddeford se ha convertido en un punto de encuentro para el duelo y la colocación de velas en memoria del joven colombiano.
**Contradicciones en los relatos oficiales**
Las versiones de los hechos proporcionadas por ICE y las de los testigos o grupos de defensa de los inmigrantes difieren sustancialmente en ambos casos, lo que alimenta la indignación y la demanda de transparencia.
Respecto al suceso en Maine, un portavoz de ICE declaró que el tiroteo contra Durán Guerrero ocurrió cuando este “intentaba huir del lugar” durante la detención de un vehículo. Según la agencia, sus agentes estaban realizando una vigilancia de la última dirección conocida de un “inmigrante ilegal con una orden de expulsión definitiva”. La declaración de ICE sugiere que Durán salió de una residencia en un vehículo y, al intentar huir, un agente disparó su arma “temiendo por la seguridad pública”. Sin embargo, Mufalo Chitam, director ejecutivo de la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes de Maine, declaró a Associated Press que Durán se dirigía a su trabajo cuando fue interceptado y recibió un disparo. El grupo de defensa de los inmigrantes Presente! añadió que Durán, pese a su estatus migratorio, estaba autorizado para trabajar en Estados Unidos y poseía un número de Seguro Social.
En el caso de Houston, ICE sostuvo que Salgado Araujo, padre de tres hijos y residente en Estados Unidos por más de tres décadas, embistió un vehículo de la agencia e intentó atropellar a un agente, quien reaccionó disparando en defensa propia. Esta versión fue desmentida por testigos, incluido el hermano de Salgado, quien viajaba con él. Aaron Reitz, fiscal federal del Distrito Sur de Texas, ofreció una descripción más detallada el 16 de julio, indicando que Salgado no era el “objetivo previsto” de la operación. Agentes federales estaban investigando a dos hombres guatemaltecos que habían evadido arrestos previos y que conducían una camioneta blanca similar. Reitz explicó que, tras un aviso, detuvieron la furgoneta de Salgado, cuyos ocupantes “coincidían con la descripción de los sospechosos”. Según el fiscal, los individuos intentaron huir en dos ocasiones. En el segundo encuentro, los agentes lograron rodear el vehículo y “ordenaron a los extranjeros que se negaron a cooperar que pusieran la furgoneta en punto muerto”. La información preliminar sugiere que el conductor puso la furgoneta en reversa y luego en marcha adelante mientras un agente se encontraba “parcialmente dentro de la furgoneta o justo al lado de ella”, momento en el que se efectuó un único disparo.
**La falta de cámaras corporales y las investigaciones en curso**
Una preocupación recurrente en ambos incidentes ha sido la ausencia de cámaras corporales en los agentes de ICE. El senador independiente de Maine, Angus King, manifestó su inquietud tras el tiroteo de Durán, cuestionando la justificación del uso de fuerza letal. “¿Fueron amenazados los agentes? ¿Las amenazas alcanzaron un nivel que justificara el uso de fuerza letal? De eso se trata esta investigación”, dijo King. Aunque cámaras de seguridad de comercios locales grabaron el incidente en Maine, la policía estatal ha solicitado que las imágenes no se divulguen mientras la investigación esté activa.
En Houston, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó a Houston Public Media que los agentes implicados en la muerte de Salgado tampoco llevaban cámaras corporales, citando recientes recortes en la financiación federal.
Agencias estatales y federales, incluyendo los departamentos de policía locales, las oficinas del fiscal general, el DHS y el FBI, están investigando activamente ambos tiroteos. Los agentes involucrados han sido suspendidos de sus funciones en espera de los resultados de estas investigaciones.
Estas dos muertes elevan a cuatro el número de personas que han fallecido por disparos de agentes de ICE en lo que va de 2026. En enero, Renee Good y Alex Pretti murieron en incidentes separados durante operativos de control de inmigración en Minneapolis, lo que subraya una tendencia preocupante y la creciente presión sobre las autoridades para garantizar la rendición de cuentas y la protección de los derechos humanos de los migrantes. La Iglesia católica, a través de sus líderes y comunidades, continúa exigiendo un enfoque migratorio que priorice la dignidad humana, la justicia y la paz.
