El obispo de Orihuela-Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla, ha lanzado duras críticas contra el Gobierno de España, acusándolo de ejercer “presiones tremendas” y buscar una “batalla por el relato” en la reciente firma del acuerdo entre la Iglesia y el Estado para la reparación de las víctimas de abusos sexuales. Durante su programa radiofónico “Sexto Continente” en Radio María España, emitido el pasado viernes 9 de enero, Munilla desglosó siete puntos clave de análisis sobre este pacto, suscrito por la Conferencia Episcopal Española (CEE), la Confederación Española de Religiosos (CONFER) y el Ejecutivo. Sus declaraciones ponen en tela de juicio la transparencia y las verdaderas intenciones detrás de un acuerdo que busca ofrecer un nuevo cauce de atención a quienes sufrieron abusos y cuyas vías judiciales tradicionales han prescrito o se han visto truncadas.
Monseñor Munilla enfatizó que la negociación se llevó a cabo en un contexto de coacción por parte del Gobierno, cuyo principal objetivo, según el prelado, no era el bienestar de las víctimas, sino el control de la percepción pública y la imposición de una narrativa mediática. Este acuerdo introduce un mecanismo bajo la tutela de la Oficina del Defensor del Pueblo para atender a víctimas con vías judiciales prescritas o truncadas. A pesar de este avance, el obispo insistió en la existencia de motivaciones ulteriores.
El prelado detalló varios aspectos del acuerdo, defendiendo la postura y los logros de la Iglesia Católica en este ámbito. En primer lugar, resaltó que la Iglesia es la única institución en España en extender la reparación a las víctimas de abusos más allá de lo legalmente prescrito, un compromiso que, a su juicio, otras esferas sociales aún no han emulado. En cuanto al rol del Defensor del Pueblo, Munilla aclaró que la Iglesia aceptó esta vía no como un canal paralelo, sino como una “puerta alternativa” para acceder a la “misma mediación eclesial”, buscando una convergencia en la reparación.
Un logro significativo, según Munilla, es el compromiso gubernamental de abordar la reparación de abusos en otros ámbitos sociales, una medida contemplada en la Ley de protección de la infancia de 2021 que, hasta ahora, no había trascendido el espectro eclesiástico. Finalmente, destacó el compromiso del Gobierno para que las reparaciones económicas a las víctimas estén exentas del Impuesto sobre la Renta, asegurando que la compensación llegue íntegra.
El obispo dirigió sus críticas más contundentes al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, acusándolo de “deformar abiertamente el contenido” del acuerdo y de proferir “afirmaciones falsas”. Esta actitud, según Munilla, responde a una estrategia gubernamental recurrente para “controlar un relato mediático” y desviar la atención de “problemas acuciantes”, priorizando la intención política de Bolaños sobre el bienestar real de las víctimas y la verdad de los hechos.
Reforzando su argumento sobre la manipulación narrativa, Munilla recordó el episodio de los bienes inmatriculados en 2022. Entonces, el Gobierno “tuvo que reconocer que no existía ninguna incorrección”, pese a que el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) había prometido en su programa electoral la devolución de estos bienes. “Han pasado cuatro años y, obviamente, la Iglesia no ha tenido que devolver nada”, subrayó el prelado, sugiriendo un patrón de acusaciones infundadas con trasfondo político.
En respuesta a por qué la Iglesia negocia con actores que, a su parecer, persiguen intereses políticos inconfesables más allá de la verdad, Munilla afirmó: “creemos que es la verdad la que nos hará libres, y no el relato mediático”. Prefiere la Iglesia “resultar difamados por los poderosos en nuestro intento de reparar a quienes han sufrido, antes que resultar indiferentes hacia las víctimas” por defender derechos propios, enfatizando así un compromiso de servicio.
En sus reflexiones finales durante “Sexto Continente”, Munilla reconoció que la estrategia de la Iglesia es “arriesgada” y que, a menudo, “pierde la batalla del relato”, pero “gana la batalla de la verdad”. Exigió al Gobierno que no “utilice el sufrimiento de las víctimas para maniobras de distracción” ante su “situación límite” de corrupción y debilidad parlamentaria. Concluyó contrastando la lucha de Bolaños por el “relato” con la de la Iglesia por la “verdad y el bien de las víctimas”.
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