Argentina se prepara para un crucial debate legislativo sobre la justicia penal juvenil. El Gobierno nacional ha anunciado la inclusión de la modificación de la Ley Penal Juvenil en las sesiones extraordinarias del Congreso, programadas para febrero. La propuesta central busca reducir la edad de imputabilidad penal de 16 a 14 años, una medida que ha generado diversas reacciones en la sociedad. Ante este panorama, la Comisión Episcopal de Pastoral Social (CEPS) de la Conferencia Episcopal Argentina ha elevado nuevamente su voz, instando a las autoridades a priorizar “más oportunidades que penas” y a buscar soluciones estructurales que aborden las complejas causas de la delincuencia juvenil.
La iniciativa gubernamental, oficializada mediante el Boletín Oficial, pretende redefinir el marco legal bajo el cual los adolescentes son juzgados por delitos. La propuesta de bajar la edad de imputabilidad a 14 años surge en un contexto de creciente preocupación por la seguridad ciudadana y, particularmente, tras un trágico suceso ocurrido en diciembre de 2025 en Santa Fe. En aquel incidente, un adolescente de 15 años fue brutalmente asesinado, presuntamente por jóvenes de 16 y 14 años. La liberación de algunos de los implicados debido a su falta de edad punible bajo la legislación actual, ha encendido el debate público y motivado la acción legislativa del Ejecutivo, buscando una respuesta más contundente frente a crímenes violentos perpetrados por menores.
Frente a esta “realidad que nos interpela profundamente”, la Comisión Episcopal de Pastoral Social ha expresado su postura, la cual, si bien se solidariza con las víctimas de la violencia —incluyendo aquellas que sufrieron delitos cometidos por menores, a menudo con extrema crueldad y consecuencias duraderas—, también advierte sobre los riesgos de un enfoque meramente punitivo. La CEPS sostiene que la solución no radica simplemente en “bajar la edad de imputabilidad”, sino en “asumir cambios profundos” que aborden las raíces del problema. Este organismo de la Iglesia Católica recalca que, aunque el dolor de las víctimas es innegable y requiere una respuesta empática, las propuestas centradas exclusivamente en la imputabilidad de los jóvenes pueden simplificar una problemática multifacética. Las estadísticas oficiales del Ministerio de Seguridad Nacional, recuerda la Comisión, señalan que los menores involucrados en delitos representan un “porcentaje muy bajo” del total de crímenes, sugiriendo que el foco exclusivo en ellos podría desviar la atención de problemas más amplios.
La Pastoral Social profundiza su análisis, apuntando a deficiencias históricas en las políticas públicas. Señala que sucesivas administraciones políticas “no han sido capaces de crear una cultura del trabajo que incluyera a todos los habitantes y que permita a todas las familias del país vivir con dignidad y procurarse los bienes necesarios para un auténtico desarrollo”. Esta carencia estructural, según la CEPS, ha generado un caldo de cultivo para la inseguridad y la delincuencia juvenil, privando a muchos jóvenes de oportunidades esenciales para un desarrollo pleno. En este sentido, la Comisión enfatiza la necesidad de un diálogo inclusivo que sume las perspectivas de diversos especialistas, desde psicólogos y psiquiatras hasta psicopedagogos y docentes, quienes pueden ofrecer “abordajes más complejos de la problemática” desde su conocimiento técnico y experiencia en el campo de la niñez y la adolescencia.
Un eje central en el pronunciamiento de la Iglesia es la problemática del narcotráfico y el consumo de drogas. La Comisión advierte que idealizar la baja de la edad de imputabilidad como única solución a la inseguridad ignora estas causas profundas. El fácil acceso de los jóvenes a las drogas, que “los destruyen” y son una “de las principales causas de violencia”, exige un combate frontal y urgente al narcotráfico. Este flagelo, que “desde hace décadas viene ganando territorio y ampliando sus negocios”, deja un rastro de vidas y familias destrozadas, impactando de manera desproporcionada a la juventud. La CEPS interpela a los adultos y a la sociedad en general a reflexionar sobre el mundo que se está construyendo para las nuevas generaciones, donde “muchos crecen sin oportunidades de una buena educación o de una necesaria formación laboral, o de contención familiar y social”.
Más allá de la discusión sobre la edad, la Pastoral Social plantea interrogantes cruciales sobre la implementación práctica de una reforma punitiva: “¿Dónde van a recluir a los menores? ¿Cuáles son los dispositivos apropiados en las provincias para alojar a adolescentes y jóvenes que delinquen? ¿Qué alternativas reales tenemos para ofrecerles, educarlos y reinsertarlos socialmente?”. Estas preguntas subrayan la preocupación de la Iglesia por la dignidad y el futuro de los jóvenes, incluso aquellos que han cometido errores graves. La CEPS aboga por un “régimen penal juvenil/adolescente que tenga una mirada humana, integral, abierta a la esperanza”, que priorice la rehabilitación y la reinserción social por encima de la mera reclusión.
La visión de la Comisión se extiende hacia un proyecto de país a largo plazo. “¿Para un proyecto de país inclusivo, fraterno, desarrollado, ¿qué necesitamos?, ¿más cárceles o más escuelas? ¿Más guardiacárceles o más docentes con salarios dignos y capacitados?”, interpela la CEPS, sugiriendo una “reforma urgente del sistema educativo” como pilar fundamental. El llamado a los dirigentes es claro: ofrecer “un verdadero proyecto de vida para nuestros adolescentes y jóvenes”, que les brinde opciones distintas a la emigración, las drogas, la violencia o la muerte. La Iglesia exhorta a un “debate serio, un compromiso profundo y la grandeza de pensar políticas públicas a largo plazo y no solo medidas que pueden sonar bien en periodos electorales, pero que se quedan muy cortas”. Insisten en que la “solución de fondo es mucho más compleja que bajar la edad de imputabilidad, requiere un abordaje integral, profundo y a largo plazo. ¡Es necesaria la grandeza política!”.
Finalmente, la Comisión Episcopal de Pastoral Social extiende su convocatoria no solo al Estado, sino también a un amplio abanico de actores sociales: dirigentes de movimientos sociales, sindicalistas, clubes, religiosos, el mundo empresario y la ciudadanía en general. El objetivo es que cada sector realice sus aportes para “ampliar las oportunidades” y “llenar con propuestas superadoras el vacío que dejamos cuando evadimos nuestras responsabilidades como adultos”. Con esta perspectiva, buscan construir “un país viable, con paz, sin violencia y con posibilidades para todos”, donde la justicia se entienda no solo como castigo, sino como una vía para la reconstrucción social y personal.
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