MANAGUA, NICARAGUA – La Iglesia Católica en Nicaragua se encuentra bajo una intensa presión por parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que ha llevado a la confiscación de al menos 39 propiedades eclesiásticas desde febrero de 2022. Esta situación, descrita por expertos como una estrategia de control y un ataque directo a la fe, ha generado preocupación internacional sobre el estado de la libertad religiosa y los derechos humanos en el país centroamericano.
Arturo McFields, exembajador nicaragüense ante la OEA y ahora en el exilio, ha interpretado las acciones del gobierno como una violación del precepto “No robarás”. Según McFields, el régimen, en su búsqueda de consolidar el poder, percibe las propiedades, las armas y el dinero como fuentes fundamentales de autoridad. “La dictadura roba, confisca las propiedades a la Iglesia porque en el esquema de un régimen como el de Nicaragua, el poder viene de las propiedades, de las armas o el dinero”, afirmó en declaraciones a ACI Prensa. El exdiplomático enfatiza que el verdadero poder de la Iglesia no emana de sus bienes materiales, sino de su fundamento espiritual.
La abogada e investigadora Martha Patricia Molina, autora del informe “Nicaragua: Una Iglesia perseguida”, advierte que la expropiación de bienes eclesiásticos es una situación irreversible mientras el actual gobierno permanezca en el poder. Molina señala que la represión ha alcanzado tal nivel que los católicos solo pueden manifestar su fe a través de la oración en parroquias o en sus hogares, ya que las protestas públicas están prohibidas bajo amenaza de destierro, encarcelamiento o asesinato. La reciente prohibición de la procesión de Jesús Sacramentado el pasado 1 de enero ilustra la escalada de la persecución.
**El Patrón de Confiscaciones**
Un informe detallado publicado por el medio Confidencial, y replicado por Mosaico CSI, reveló la magnitud de las incautaciones. Aunque el conteo podría ser mayor, muchos afectados guardan silencio por temor a represalias. El *modus operandi* del régimen es sistemático: se cancelan las personerías jurídicas de congregaciones o fundaciones religiosas, acusándolas de obstruir el control estatal. Sin embargo, en muchos casos, es el propio Ministerio del Interior el que se niega a recibir la documentación requerida, creando un callejón sin salida legal. Una vez cancelada la personería, y sin posibilidad de apelación, el Estado procede a transferir los bienes.
Entre las 39 propiedades afectadas se encuentran nueve congregaciones religiosas, cuatro diócesis y cinco fundaciones o grupos laicos. La Compañía de Jesús (Jesuitas) ha sido la más impactada, perdiendo al menos nueve propiedades, incluida la emblemática Universidad Centroamericana (UCA). Con 63 años de historia, la UCA fue acusada sin pruebas de promover el terrorismo, un pretexto para su incautación. El valor de las propiedades jesuitas fue estimado en 60 millones de dólares por el entonces vocero, el P. José María Tojeira (fallecido en 2023), aunque Confidencial calculó una cifra mayor, cercana a los 77 millones de dólares.
La Fundación Fabretto, dedicada a la educación en Nicaragua por más de 60 años, sufrió la confiscación de cinco centros educativos. La Diócesis de Matagalpa también ha perdido tres propiedades, valoradas en más de siete millones de dólares. Entre ellas se encuentra la curia episcopal, donde el obispo Rolando Álvarez, un crítico declarado del régimen, fue asediado por la policía antes de ser arrestado en agosto de 2022 y posteriormente exiliado a Roma.
Las propiedades confiscadas se distribuyen geográficamente, abarcando Managua (12), el norte del país (9), la zona de Las Segovias (6), el Occidente (4), el suroriente (4), Chontales (2) y Río San Juan (2).
**El Destino de los Bienes Incautados**
En un acto protocolar sandinista en agosto de 2023, Daniel Ortega justificó las confiscaciones, afirmando que “esa riqueza mal habida […] está en estos momentos en manos del Estado a disposición del pueblo, de los pobres, de los campesinos, de la juventud”. Sin embargo, el destino de muchos de estos bienes apunta a la consolidación del control estatal y la reescritura de la historia local.
Ejemplos notables incluyen:
* El Monasterio de la Orden de Santa Clara en Chinandega, transformado en el Centro Universitario “Héroes de Chinandega” y asignado a la Universidad Nacional Agraria (UNA).
* El Centro Diocesano Pastoral “La Cartuja” de Matagalpa, ahora el “Centro Universitario de Tecnologías Agropecuarias y Tecnologías para la Agroexportación ‘Padre y Comandante Camilo Torres Restrepo’”, también bajo la UNA.
* El campus San Ignacio de Loyola de la UCA, rebautizado como “Universidad Nacional Casimiro Sotelo Montenegro”.
* La Universidad Católica del Trópico Seco de Estelí, que ahora opera como Universidad Nacional Francisco Luis Espinoza Pineda (UNFLEP).
* Recintos de la Universidad Juan Pablo II en Managua y Juigalpa, convertidos en la Universidad Nacional Padre Gaspar García Laviana.
* El Ministerio de Educación asumió la administración de tres colegios: el Susana López Carazo (confiscado a las Hermanas Dominicas de la Anunciata), el Instituto Técnico Santa Luisa de Marillac (de las Hermanas de la Caridad) y el Colegio San José (de las Hermanas Josefinas).
* En marzo de 2024, se inauguró una clínica de Servicios Médicos Especializados S.A. (SERMESA) en una de las ocho residencias religiosas ocupadas, incluyendo la curia episcopal del obispo Rolando Álvarez.
**Repercusiones y Resiliencia de la Fe**
El P. Edwing Román, vicario parroquial en Miami, ha calificado el informe de Confidencial como “muy bien documentado”, aunque estima que muchas más confiscaciones y expulsiones han quedado en el silencio por miedo. Para el sacerdote, estas acciones son una “venganza” del régimen contra la Iglesia por su labor humanitaria durante la represión y las protestas cívicas de 2018. El P. Román denuncia la corrupción del sistema judicial nicaragüense, que impide cualquier recurso legal para la devolución de los bienes, y lamenta el cierre de obras sociales como asilos y comedores infantiles.
Martha Patricia Molina cuantifica la represión, señalando que entre 2018 y la fecha se han registrado 43 propiedades confiscadas a la Iglesia, más de 1,030 ataques contra católicos y la prohibición de 18,808 procesiones. Ante este panorama, insta a los fieles a denunciar anónimamente las arbitrariedades y a garantizar que los niños crezcan en la fe, contrarrestando la adoctrinación oficial.
Pese a la opresión, la voz de la Iglesia, incluso desde el exilio, persiste. El P. Román enfatiza que, aunque no son un partido político, su responsabilidad es predicar el Evangelio e iluminar al pueblo de Dios en este momento histórico, sin ponerse del lado de los opresores.
Arturo McFields concluye con un mensaje de esperanza y resistencia: “La dictadura podrá robar un medio, una escuela, un templo, pero no pueden robar lo más sagrado y lo más grande que tiene el pueblo, que es la fe”. Rememora que la historia enseña lecciones sobre el destino de los poderosos que se creyeron dioses. El P. Román, por su parte, invoca la exhortación de San Juan Pablo II al inicio de su pontificado: “‘No tengan miedo’, nos dice el Evangelio”, un grito profético que resuena en la Nicaragua actual.
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