El Obispado de Rancagua, en Chile, ha anunciado la apertura de una investigación canónica preliminar contra el presbítero Omar Canales Contreras. Esta medida surge a raíz de acusaciones de conducta impropia presentadas por dos mujeres adultas, miembros de la comunidad parroquial de Nuestra Señora de la Merced, en la localidad de Coltauco, donde Canales Contreras se desempeñaba como párroco.
La diócesis rancagüina, a través de un comunicado emitido el 29 de enero, detalló que las denuncias motivaron la activación de los protocolos internos de la Iglesia, conforme al Derecho Canónico. El procedimiento, conocido como “investigación previa”, tiene como objetivo principal recabar todos los antecedentes y esclarecer los hechos para determinar si existen elementos suficientes que justifiquen la apertura de un proceso canónico formal.
En respuesta a la seriedad de las acusaciones, Monseñor Guillermo Vera Soto, Obispo de Rancagua, dictó el Decreto N° 02/2026, mediante el cual se oficializa el inicio de esta pesquisa. Para llevar adelante esta delicada tarea, Monseñor Vera Soto ha designado a Monseñor Bernardo Bastres Florence como el encargado de conducir la investigación, garantizando así un proceso transparente y riguroso.
Como medida cautelar y mientras dure la investigación, el prelado diocesano ha resuelto apartar al Padre Canales Contreras de su cargo como párroco de Nuestra Señora de la Merced de Coltauco. Adicionalmente, se le ha impuesto una restricción en el ejercicio de su ministerio sacerdotal, lo que implica, entre otras cosas, la imposibilidad de celebrar públicamente los sacramentos o realizar cualquier otra función pastoral de manera activa en la comunidad. Estas disposiciones buscan asegurar el buen desarrollo de la investigación y proteger a las partes involucradas, manteniendo la paz y la confianza en la comunidad eclesiástica.
El comunicado del Obispado de Rancagua subraya el compromiso de la diócesis con la creación de “ambientes sanos y seguros para los hijos e hijas de Dios”. Esta declaración se alinea con los esfuerzos globales de la Iglesia Católica por abordar las denuncias de conducta impropia y abuso, implementando políticas de tolerancia cero y fomentando la transparencia y la rendición de cuentas dentro de sus estructuras. La Iglesia chilena, en particular, ha enfrentado en los últimos años un intenso escrutinio y ha impulsado reformas significativas para restaurar la confianza y garantizar la protección de sus miembros.
**La Defensa del Sacerdote**
Por su parte, el Padre Omar Canales Contreras, según reportes del portal local El Rancagüino, ha reconocido estar al tanto de las acusaciones formuladas en su contra. En una declaración, el presbítero afirmó que su trayectoria y accionar pastoral siempre han estado guiados por su vocación de servicio, buscando acoger, acompañar y servir con “respeto, empatía y cercanía” a todos los miembros de su comunidad, sin hacer distinciones.
Canales Contreras explicó que gestos cotidianos como estrechar una mano, dar un abrazo o despedirse con un beso en la mejilla, que forman parte de la interacción humana y pastoral, han sido realizados consistentemente con un espíritu de “cordialidad, respeto y cariño”. Esta justificación apunta a desvirtuar las interpretaciones sobre la naturaleza de sus interacciones con las denunciantes.
En un tono enfático, el sacerdote proclamó su inocencia ante las imputaciones. “Quiero expresar, con total claridad, que soy inocente de las acusaciones que se me imputan. No tengo nada que esconder ante Dios, ante la Iglesia ni ante ustedes como comunidad”, afirmó. Remarcó que su conciencia permanece tranquila y su corazón en paz, un estado que atribuye a sus más de tres décadas de vida sacerdotal. Canales Contreras aseguró que enfrenta esta difícil situación con serenidad, fe y honestidad, y aprovechó la ocasión para agradecer las numerosas muestras de apoyo, afecto y confianza que ha recibido de parte de diversos sectores de la comunidad.
**El Proceso de Investigación Canónica**
Una investigación previa en el Derecho Canónico es un procedimiento inicial que no prejuzga la culpabilidad del acusado. Su objetivo es determinar la verosimilitud de los hechos denunciados y si estos constituyen un posible delito canónico. Durante esta etapa, se recogen testimonios, documentos y cualquier otra prueba que pueda ser relevante. El investigador designado, en este caso Monseñor Bernardo Bastres Florence, tiene la facultad de citar a testigos, interrogar a las partes y analizar toda la información disponible.
Una vez concluida la investigación previa, el informe resultante es elevado al Obispo diocesano. Con base en este informe, el Obispo puede tomar una de varias decisiones: archivar el caso si considera que no hay mérito para proceder; imponer sanciones administrativas si la conducta, aunque no constituye un delito grave, requiere alguna medida disciplinaria; o iniciar un proceso penal canónico formal si los indicios apuntan a la comisión de un delito grave contra la fe o las costumbres, según lo establece el Código de Derecho Canónico.
Este proceso subraya la complejidad y la seriedad con la que la Iglesia aborda estas situaciones. La diócesis de Rancagua se encuentra ahora en una fase de discernimiento y recopilación de información, en un esfuerzo por aplicar la justicia canónica y, al mismo tiempo, reafirmar su compromiso con la integridad y la seguridad dentro de sus comunidades. La resolución final de este caso tendrá implicaciones significativas tanto para el presbítero Omar Canales Contreras como para la comunidad diocesana.






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